La bitácora de Jaume

Un año más, el PSOE se suma a la celebración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que fue reconocido en España por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009.

El PSOE se une un año más a la celebración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Fecha que conmemora el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales; catalogación que ya en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) había retirado de su manual de diagnóstico, dando así portazo al fundamento pseudocientífico que utilizaban los sectores conservadores y religiosos para justificar actos de homofobia, transfobia o bifobia. Estos avances, basados en la evidencia científica, pretendieron acabar con casi un siglo de prejuicio médico y discriminación sistemática contra lesbianas, gays y bisexuales. Este día fue reconocido en España por el Gobierno socialista mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009, sumándose así nuestro país al grupo de Estados que impulsan el reconocimiento internacional por parte de Naciones Unidas del 17 de mayo como símbolo de la lucha por la igualdad. La aprobación de este Acuerdo supuso una manifestación más de la lucha por la igualdad efectiva que en los últimos 7 años el Gobierno socialista impulsó para conseguir eliminar la homofobia, la transfobia y la bifobia, así como cualquier forma de discriminación latente en nuestra sociedad.

En la actualidad, la Organización de Naciones Unidas celebra este día, y tal y como expresa Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos «La homofobia y la transfobia no son diferentes del sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia. Pero mientras que estas últimas variantes del prejuicio son objeto de la condena universal de los Gobiernos, la homofobia y la transfobia suelen pasarse por alto con demasiada frecuencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato ético, sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de género».

El problema no es que un rey viva a cuerpo de rey, por más escandaloso que resulte su estilo de vida —en contraste con los terribles recortes sociales—, la cuestión es: ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir la malversación, usurpación, injerencia, delito electoral, opacidad y tráfico de influencias que implica una jefatura de Estado no-electa, vitalicia y hereditaria, en pleno siglo XXI, en el marco de un Estado democrático, constitucional y de Derecho?

Como es bien sabido, el monarca español sufrió hace unos días un percance al tropezar, caer y fracturarse la cadera mientras se encontraba cazando elefantes en Botswana. A consecuencia de ello, el Gobierno de España se vio obligado a fletar un avión para repatriarle, saltarse cualquier cosa parecida a una lista de espera e ingresar al jefe del Estado en una clínica privada —siendo el máximo representante de lo público—, para ser intervenido quirúrgicamente.

Pero eso fue lo de menos. El escándalo corrió como un reguero de pólvora: ¿Qué se supone que hacía el rey de España en un safari de lujo, mientras la ciudadanía sufre una de las mayores crisis económicas de la historia? ¿Quién pagó los gastos, cifrados en cerca de 50.000 euros, de esta nueva correría del mandatario? ¿Cómo es posible que, según confesó inicialmente un portavoz del Partido Popular, el Gobierno de España no tuviera ni la menor idea de dónde se encontraba el rey? ¿Quién firmó los reales decretos que efectivamente se firmaron mientras el rey se encontraba fuera del continente? ¿Deja el rey folios firmados en blanco o acaso hay alguna persona autorizada a falsificar la firma del monarca?

Muchas de estas preguntas resultan “demasiado sinceras” como para que las pueda responder buena parte de los parásitos políticos que a uno y otro lado del espectro ideológico, permanecen acostumbrados a seguir chupando del bote, sonreír y repetir el discurso plausible, vacío y oficial… lo que sea, con tal de no arriesgar la propia poltrona y así “seguir en esto”, a pesar del cada vez más inocultable menoscabo de la decencia y honorabilidad que debería corresponder a una profesión que es la máxima expresión de servicio público: representar la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada pacíficamente en las urnas. Parece sencillo, pero al parecer, se trata de una exigencia ética inasequible para el interés personal de muchas y muchos, de todos los colores —porque el color de la superficie, en política, no siempre permite permite conocer de qué está hecha la persona por dentro—.