El riesgo de
exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo ha
provocado un número creciente de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos.
A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento de las ayudas de
protección social (como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de
inserción). Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus
miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que no
cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.
La Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2011) señala que un 21,8% de la población en España vive por debajo del umbral de pobreza y que el 26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. El número de personas atendidas por Cáritas supera ya el millón, multiplicándose por tres esta cifra desde 2007. Se estima que 3.200.000 familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo a su alimentación. Unicef ha denunciado que más de 2 millones de niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta seriamente tanto a su alimentación, como al rendimiento escolar de los menores. La infancia se ha convertido en el grupo más afectado por la pobreza en nuestro país.
Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando a clases medias súbitamente empobrecidas; se intensifica porque no sólo hay más pobres, sino que estos tienen menos que antes. Y lo peor es que se está haciendo crónica, es decir, que no se consigue revertir esta situación.
A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario, desde el mismo momento en el que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos y ciudadanas.
El problema del
liderazgo
Ante la situación creada en
España tras las últimas medidas políticas y económicas adoptadas por los
responsables políticos del bienestar de los españoles, la Gran Logia Simbólica
Española quiere llamar la atención de ciudadanos y gobernantes sobre el grave
peligro que corre la convivencia ciudadana y los valores en los que se
fundamentan nuestras libertades civiles. Así pues, manifiesta
que:
