La bitácora de Jaume

CONSCIENTES de la desafortunada imagen que esta generación de españolas y españoles podría dar ante la Historia, a la vista del proceso judicial emprendido contra el juez que tuvo la valentía de investigar la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, no en busca de venganza, sino para tratar de reparar --en la medida de lo posible-- a las familias de los centenares de miles de ciudadanos represaliados (entre asesinados, torturados, secuestrados, silenciados y exiliados),

PREOCUPADOS por el precedente que podría sentar, ver cómo se actúa contra cualquier miembro de la magistratura que ose cuestionar la vigencia o la validez de unos instrumentos de impunidad que fueron pergeñados en las entrañas del propio régimen franquista,

CONOCEDORES del curso de los acontecimientos, que al parecer, podrían resultar en una inminente separación del magistrado juez BALTASAR GARZÓN de la carrera judicial,

Expresamos nuestro apoyo formal al magistrado juez español BALTASAR GARZÓN, quien estos días es objeto de una grave campaña de difamación y persecución política, promovida desde sectores ultra conservadores, tras impulsar un proceso en busca de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura franquista. Nuestra solidaridad para quienes, como él, actúan con valentía frente a los crímenes de lesa humanidad.

Para él, nuestro reconocimiento.

Se ruega máxima difusión.

Tengo el honor de comunicar que en la página número 35 del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados número 402 de la IX Legislatura, correspondiente al día 4 de noviembre de 2009, en el apartado destinado a la Comisión de Presupuestos, se recoge la siguiente intervención del diputado Joan Herrera, del grupo parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida-ICV:

El señor HERRERA TORRES: Un minuto, presidente, para decir que al análisis que ha hecho el señor Tardà y también el señor Macias, en torno a la distribución competencial, nuestro grupo, en particular Iniciativa, se suma. Segundo, hemos incorporado algunas enmiendas; destacaría la enmienda 1728, la que hace referencia al apoyo de la actividad teatral y circense de entidades de ámbito estatal sin fines de lucro y, concretamente, a la organización de actores y actrices del Estado español. Otra enmienda hace referencia al Ayuntamiento de Bustarviejo, para obras de renovación y ampliación de la casa consistorial, un edificio del siglo xvii, por valor de 150.000 euros. Otra hace referencia al Ayuntamiento de Carreño, para la adecuación del edificio y para la creación del museo de la pesca y de la industria conservera de Candás, por valor de 1.400.000 euros. Y creo que hay que destacar otra partida al Ateneo científico literario y artístico de Madrid, para la reparación y mantenimiento de sus instalaciones, que saben ustedes que están muy maltrechas, por valor de un millón de euros.

Dicho esto, nos sumamos a los análisis competenciales que se hacen en torno al Ministerio de Cultura y valoramos positivamente estas modestas enmiendas.

Por otra parte, señalar que en el Dictamen de la Comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno y voto particular, identificado como: 121/000042 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, se incluyen sendas partidas: la primera localizada en la Sección 24, Servicio 103, Programa 334A, Artículo 78, cuyo tenor literal reza: "Al Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, para reparación y mantenimiento de sus instalaciones", dotada con: 1.000.000 € (localizada en la página número 283 del documento); y la segunda, en la Sección 24, Servicio 06, Programa 334A, Capítulo 4, Artículo 48A, Concepto 489.24, cuyo tenor literal reza: "Al Ateneo de Madrid para sus gastos de funcionamiento", dotada con: 45.000 € (localizada en la página 252 del documento).

Para exigir la libre absolución de Jaume d’Urgell y la derogación del artículo 543 del Código Penal, sobre ultrajes a España, legislación heredera de las etapa del franquismo y aún la sinrazón de la vigencia de elementos feudales y medievales en lo que debería ser un sistema jurídico democrático, constitucional y de derecho.

Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de la presente declaración, manifestamos nuestra solidaridad con Jaume d’Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.

El 14 de mayo de 2006, en el transcurso de una manifestación, este vecino de Madrid arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, e izó en su lugar la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).

Con esta acción simbólica y no violenta, el joven republicano puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.

Su objetivo era reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar el aumento del coste de la vida —particularmente en el sector de la vivienda—; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

El 14 de mayo del año pasado, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, durante el transcurso de la primera de las manifestaciones para protestar contra la precariedad laboral y exigir la adopción de políticas que posibiliten el acceso de la clase obrera a una vivienda digna, fui detenido por siete agentes de policía que vestían de paisano, bajo la acusación de injurias a la bandera. El motivo: haber escalado la fachada del edificio público que alberga la sede de los Juzgados del Contencioso Administrativo, para acto seguido, arriar la bandera de la monarquía y en su lugar, izar una bandera de España.

Tras permanecer 27 horas detenido, fui puesto en libertad provisional con cargos y sometido a un régimen de restricciones que incluye la obligación de presentarme cada 15 días. El atestado policial, además de relatar la restitución de la tricolor, aparece ostensiblemente «engordado» con acusaciones ficticias: como el haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad; muchas de esas imputaciones falsas se corresponden a hechos ocurridos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos sitios distintos al mismo tiempo. En su escrito de acusación, el fiscal señala que se ha incurrido en sendos delitos de «injurias a España» (Art. 543, CP) y «desórdenes públicos» (Art. 557.1, CP), por los que solicita la pena de un año de cárcel, además del pago de una multa de 4.000 euros y la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante un año.