Recientemente se ha sabido
que en solo tres meses de 2012, el Estado ha ejecutado 46.559
desahucios (1), forzando la expulsión de otras tantas familias,
que se ven obligadas a abandonar sus hogares y a buscarse la vida como puedan.
Entre tanto, diversas informaciones aparecidas en prensa apuntan a un dramático
aumento del número de personas que toman la decisión de suicidarse, alcanzando
un promedio de nueve suicidios cada día, a lo largo del año 2009
(2).
Ante la necesidad de proponer medidas orientadas a frenar el empobrecimiento planificado de la clase trabajadora, un gran número de gobernantes, economistas, columnistas e intelectuales, tras analizar las causas y los efectos de llamada “Crisis Económica”, vienen ofreciéndonos un sinnúmero de recetas basadas —en su mayor parte— en la continuidad de la fórmula neoliberal que ha propiciado la desregulación salvaje de los mercados financieros, abriendo la puerta al saqueo masivo de la ciudadanía y la generalización del “capitalismo de casino” —totalmente injusto, inhumano e insostenible— que ha caracterizado la evolución de la economía mundial durante los últimos años.
A la vista de tanto sufrimiento, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué ocurre con las víctimas más desfavorecidas?. La respuesta de la derecha no se hizo esperar, de la mano del tristemente célebre “¡Que se jodan!” proferido por la diputada del Partido Popular, Andrea Fabra (3) en sede parlamentaria. Una respuesta diseñada a la medida del sistema ético y moral del partido al que pertenece, pero muy alejada de la necesaria mesura, criterio y responsabilidad institucional que cabe esperar del grupo parlamentario que respalda al gobierno de la nación.
No obstante, cada día que pasa, más personas compartimos la convicción de que existen fórmulas alternativas, soluciones que no pasen por la exclusión social de amplios colectivos humanos, sino que se basen en el pleno respeto a la dignidad elemental de la condición humana y a los derechos constitucionales de los que toda persona es titular —toda persona— y no solo de aquellas que dispongan de suficiente dinero para poder costear sus necesidades básicas.
Así, frente al aumento masivo de despidos, desahucios, depresiones, deportaciones y suicidios, aparecen también propuestas políticas que buscan una redistribución más justa de los recursos naturales y la riqueza resultante del esfuerzo colectivo de toda la sociedad.
Bajo estas líneas, se articula una propuesta de “PLAN DE CHOQUE” que no busca la supresión de la democracia, ni la guerra o la implantación permanente de un sistema ideológico extremista, sino simple y llanamente la reconducción de la presente coyuntura desbocada hacia un escenario menos injusto, desde el cual sea posible constituir un nuevo modelo de convivencia pacífica, constitucional, libre, democrática, ecuánime y con pleno respeto a los Derechos Humanos de absolutamente toda la ciudadanía.
Pienso que la persona que
ocupe la Jefatura de Estado de nuestro país, debería contar con la voluntad del
pueblo, expresada mediante elecciones auténticas y periódicas, dentro del marco
de un régimen constitucional que ampare las libertades públicas, basado en la
igualdad ante la ley; un Estado democrático y de Derecho, en el que todos los
cargos públicos sean electos en un sistema de multi-partidismo
libre.
¿Tienen razón los fascistas?
¿La República es una pasada etapa oscura, salvaje, asesina e ingobernable de
rojos, masones, separatistas y antiespañoles? ¿Qué quieren los republicanos?
¿Desestabilizar España? ¿Destruir la democracia que tenemos desde 1978? ¿Se
trata solo de cuatro paletos incultos que querrían asesinar a Su Majestad el
Rey don Juan Carlos de Borbón?
