MADRID. Ayer se
conoció el contenido de la sentencia del juicio contra el activista que hace
dos años, sustituyó la bandera nacional por la republicana en un edificio
público. En el fallo, el juez Francesc Ferrer i Pujol, titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. 5, de lo Penal en Madrid, absuelve al acusado del delito
de «desórdenes públicos» que le imputaba la Fiscalía, al entender que en
ningún momento se trató de una acción violenta; condenándolo no obstante,
al pago de siete meses de multa —que a razón de 6 euros diarios, resulta en:
1.260 euros—, al encontrarle culpable del delito de «ultrajes a España».
El contenido íntegro de la sentencia se puede
consultar en los siguientes enlaces: página 1,
página 2,
página 3,
página 4,
página 5,
página 6,
página 7
y página
8.
En reiteradas declaraciones
a la prensa, el joven republicano manifestó su intención de no
atender el pago de la multa, al considerar que ello «supondría la
aceptación de la pena y los cargos», lo que atentaría contra sus convicciones
políticas. Según él, reivindicar sin-violencia el advenimiento de una
democracia plena —aún cuando pueda hacerse a través de acciones puntuales de
desobediencia civil pacífica—, no supone una ofensa al país,
al contrario.
El activista cita como ejemplo de ultrajes a
España, la presencia del rey Juan Carlos en la sesión de apertura de la XI
Legislatura, en el Congreso de los Diputados, prevista para el próximo 16 de
abril —tan solo dos días después de la efeméride de la proclamación de la
Segunda República Española—. «Eso sí es reírse de la ciudadanía, que sea un
autócrata designado por un golpista (BOE 175, de 23
de julio de 1969), quien todavía en 2008, presida una sesión de nuestro
Poder Legislativo», declaró.
De mantener su voluntad de no pagar la multa,
de acuerdo con los términos de la propia sentencia y la redacción del Art.
53 del Código Penal, correspondería un día de privación de libertad por
cada dos días de impago, lo que en este caso significaría que el activista
republicano deberá cumplir 105 días en prisión (efectivos,
pese a tratarse de una condena inferior a dos años y carecer de antecedentes
penales).