La bitácora de Jaume

Discurso de Carmen Montón: aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario

Jaume d'Urgell — Tue, 06 Nov 2012 10:38:00 +0100

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno del 30 de Junio de 2005. Intervención de la diputada Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), para la fijación de la posición de dicho grupo parlamentario en la aprobación del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio.

Señor presidente, señorías, la historia la escriben los vencedores, deciden lo que recordaremos y lo que ocultaremos; así ha sido con los homosexuales. Al mirar cualquier libro de historia podríamos creer que ninguna sociedad celebró el amor entre hombres o mujeres, que jamás un pintor, un poeta o un político abrieron su cama o su corazón a otro hombre o mujer. Las pruebas del amor homosexual fueron discretamente suprimidas, como se hizo con griegos o romanos. Libres de censuras, los antecedentes históricos revelan que la realidad es exactamente la contraria, que el amor entre hombres o entre mujeres es una constante universal; lo único que varia es la actitud de la sociedad. Todas las culturas han regulado el amor entre hombres o entre mujeres tejiendo diferentes rituales más o menos elaborados y algunas han intentado, sin éxito, hacerlo desaparecer. Hoy, señorías, estamos ante un momento histórico. Los diputados y diputadas de la presente legislatura tenemos, con nuestro voto, la oportunidad de hacer posible la igualdad. Hoy estamos aquí para levantar el veto del Senado a esta ley que habla de igualdad, libertad, justicia, dignidad, pluralismo, tolerancia, solidaridad; que habla de plena ciudadanía. (Aplausos.) Los socialistas votaremos en este sentido porque apoyamos y defendemos esta ley con igual o, si cabe, mayor convencimiento, pasión, decisión y optimismo que el primer día.

El matrimonio es una institución humana, el matrimonio es cultural y no pertenece al dictado de ninguna ley natural ni tampoco divina, por tanto, será lo que la sociedad en cada momento, en función de la realidad y sus necesidades, democrática y legítimamente decida. Esta Cámara, el Gobierno, no solo pueden, sino que deben regular como matrimonio las diversas formas afectivas de unión presentes en nuestra sociedad. Porque esta ley no ataca ni desnaturaliza la institución del matrimonio, sino que la defiende, amplía, enriquece y fortalece; no va en contra del matrimonio eclesiástico, que no es lo que se regula en esta ley; no va en contra del matrimonio heterosexual. En el Senado se presentaron dos vetos: uno por parte de Unió y otro por parte del PP; cada uno esgrime unas u otras razones, tiene unos u otros argumentos, pero, al final, el resultado viene a ser el mismo, que quieren vetar los derechos de gays y lesbianas por la razón de atreverse a serlo. Señorías de Unió, en este proyecto ustedes hablan de que la ley parte de una confusión grave.

Aseguran, y cito textualmente, la inexistente discriminación vinculada a las instituciones del matrimonio y la adopción para las personas homosexuales. Permítanme que les diga que son ustedes los que parten de una confusión grave, al no querer ver o reconocer lo que es evidente, ya que, desgraciadamente, en nuestro país, hasta la fecha, los homosexuales son personas que no gozan del respeto y reconocimiento pleno de su unión ni de la posibilidad de regularizar la situación de sus hijos o de adoptar como pareja. Comprendan que el derecho al matrimonio y a llamarse matrimonio es un derecho de todos, sin distinción, y en democracia no puede ser un privilegio de unos con exclusión de otros. Sus dudas acerca de la adopción, el derecho comparado y la crispación social las aclararé más tarde. De todos modos, sí es cierto que quiero quedarme con lo que dijo el señor Guinart Solá en el Pleno del día 21 de abril: que en su calidad de alcalde va a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, función que ejercerá con absoluta lealtad y sometimiento a esta ley que con toda seguridad se aprobará.

Está el veto del PP, por otro lado. En este veto dicen del matrimonio entre personas del mismo sexo que no es posible ni adecuado. Pues es adecuado y, después de la votación de hoy, será posible. (Aplausos.) Ustedes no dan sus razones, sino que se limitan a excusarse detrás de otros, como es habitual. Pero basta de excusas o de rodeos, llamemos a las cosas por su nombre; llamemos a cada cosa por su nombre, no utilicemos eufemismos. A querer mantener la discriminación por motivos de orientación sexual se llama homofobia; a querer dar un trato de inferioridad a unos individuos o colectividad se llama discriminación; cuando se quiere que solo uno y no todos los ciudadanos disfruten de ventajas que sean especiales o exclusivas, como el derecho al matrimonio, este deja de ser un derecho y se llama privilegio, y a fingir o aparentar lo que no es o lo que no se siente, a decir una cosa y hacer otra, se llama hipocresía. (Aplausos.)

Señorías, a lo largo de los años el Partido Popular nos ha dado sus razones, ha ido sumando posiciones en contra de las personas homosexuales, y siguen haciéndolo. No hay más que recordar que en sus ocho años de gobierno sumaron más de 30 votaciones y en esas ocasiones no se ponía el mismo nombre que ahora; por tanto, lo del nombre es solamente una excusa. En esas votaciones ustedes se han retratado en contra de las personas homosexuales y siguen haciéndolo en la oposición. Ni siquiera permitieron la tramitación de una ley de parejas de hecho, aunque ahora quieren hacer parecer que es una cuestión que les preocupa, empeñándose en legislar la discriminación con un proyecto al que han inventado el nombre de unión civil y al que añaden estable, con el que saben que llegan tarde y faltos de credibilidad.

Además, les recuerdo que España fue el único país europeo que se opuso a que gays y lesbianas tuviesen voz en la ONU, aliándose con países que aplican la pena de muerte a los homosexuales. También, las hemerotecas están llenas de declaraciones de sus máximos dirigentes en contra de los derechos de las personas homosexuales: Zaplana, Mato, Montoro, Fraga, Conde, Botella, y podemos seguir. Y a esta suma hay que añadir la manifestación del pasado 18 de junio. No seré tan dura como su compañero el alcalde de Vitoria calificándola de miserable, pero si diré que cuando la izquierda sale a la calle es para reivindicar derechos, para ampliar derechos; la derecha, ustedes, ha salido para eliminarlos, para recortarlos. (Aplausos.) Han querido dividir la sociedad y lo único que han conseguido es dividir la cúpula de la Iglesia y su propio partido.

Señorías del Partido Popular, estar con las familias es dar becas a la educación, es aumentar el salario mínimo interprofesional, es conciliar la vida familiar y laboral; eso es estar con las familias. Los que no están con las familias son ustedes, que excluyen a gran parte de ellas.

Tanto esfuerzo, tanta alarma, tanta crispación, tanto trabajo, tanta energía, tantos recursos, tantos autobuses para ir en contra de los derechos, de la igualdad de otros ciudadanos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) ¿Por qué están en contra de los derechos de otros ciudadanos? (Aplausos.) ¿Por qué están en contra de los derechos de las personas homosexuales? Ser heterosexual no es ningún mérito, ¿por qué para ustedes ser homosexual es un demérito? No quiero entretenerme aquí porque a esta suma hay que añadir su actitud en el Senado, sus expertos. La comparecencia de su experto, el señor Polaino, califica al grupo que la solicita y la historia la pondrá en su lugar. ¿Se equivocaron, o es que no se atrevían a decirlo ustedes mismos? (Aplausos.) Ese compareciente lleva exponiendo esos mismos argumentos, incluso ha escrito libros, por lo que se puede deducir fácilmente que el PP sí conocía las opiniones de su experto y le parecían bien, que precisamente por dichas opiniones le invitó a hablar en el Senado y solo después de la polémica ha optado por dar marcha atrás.

Señorías, hoy en día, para la sociedad y el país que queremos hay ciertas cosas que no se deben permitir. Igual que sucedió con Buttiglione, candidato a comisario europeo de libertades, cuando realizó aquellas lamentables declaraciones en contra de las mujeres y de los homosexuales, no se puede permitir que con la invitación, complicidad y posterior felicitación en el Senado se declarara que la homosexualidad es una enfermedad con cura, producto de padres hostiles y alcohólicos, entre otras afirmaciones sin ninguna credibilidad. Han tenido la oportunidad de llevar al Senado a alguien que demostrase o avalase sus tesis de forma seria, creíble y científica, y no lo han encontrado. Los demás expertos han dejado claro que no existen efectos negativos en el desarrollo de los menores que conviven con parejas homosexuales, que no hay problemas para los niños. Porque, señorías, es pura hipocresía hablar de adopción o hijos como si fuera una hipótesis. Los homosexuales tienen hijos, y estos niños, al no estar reconocidos, están desprotegidos y también son discriminados. ¿También quieren seguir manteniendo esta discriminación? Hablan del interés del menor. Nosotros estamos con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con su sentencia del 26 de febrero del año 2002, la misma sentencia que todas las veces han citado para justificar sus tesis.

En ella, como todos ya sabemos, se reconoce que la adopción pretende dar una familia a un niño, no dar un niño a una familia. Estamos de acuerdo, pero no podremos estar nunca de acuerdo con que impongan su moral sobre el modelo de familia. Añadiré algo más. No sigan metiendo miedo, díganlo sinceramente, ¿van a intentar revocar esta ley de la igualdad? Ustedes saben que es imposible.

Señorías, como colofón, aunque podríamos continuar, a esta suma de posiciones en contra de los derechos de las personas homosexuales hay que añadir el veto de la ley en el Senado. Hoy nos encontramos aquí, en el Congreso; tienen su última oportunidad. Hoy se pone el punto final a esta lamentable suma. ¿Cómo quieren pasar a la historia? Señorías, ustedes han dicho y hecho muchas cosas, pero no me quedo con ninguna de ellas, porque el mayor logro es lo que vamos conseguir, que es infinitamente mayor que todo eso que ustedes han hecho y dicho. Me quedo con lo que hoy conseguiremos, que es fortalecer nuestra democracia, que todos los ciudadanos y ciudadanas disfruten de los mismos derechos, y por mucho que se empeñen en decirlo esto nunca puede ser malo. ¿Cómo va a serlo que los españoles nos igualemos en derechos civiles y libertades públicas entre nosotros mismos? No me cansaré de decir que es injusto ser ciudadano de segunda por amor, que la medida no va contra nadie, que es a favor de la igualdad, la tolerancia y la pluralidad, que a nadie va a perjudicar.

Recuerden, no querían el divorcio y ahora hacen uso de él; no quieren el matrimonio entre personas del mismo sexo y a buen seguro se casarán (Rumores.), serán testigos en las bodas y brindarán a la salud y felicidad de los novios o las novias. Sí, porque esta ley habla también de felicidad, de la felicidad de muchas personas, de muchas familias, y no creo que nadie tenga derecho a negarla.

Para terminar, hablando de derecho comparado, un amigo mío dice que quién no querría que España hubiera sido de los primeros países en abolir la esclavitud o en reconocer los derechos de la mujer, pero fuimos de los últimos. ¡Lástima! Pues bien, ahora tenemos la oportunidad de ser de los primeros en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. El matrimonio entre personas del mismo sexo ya lo tienen Holanda y Bélgica, anteayer lo amplió Canadá. Es el comienzo de un tiempo nuevo de igualdad.

Yo nací en 1976 y en una generación hemos pasado de una ley de vagos y maleantes que consideraba al homosexual peligroso per se, le privaba de libertad y le sometía a vigilancia para salvaguardarle de sus instintos degenerados, a la plena equiparación de derechos para gays y lesbianas con la reforma del Código Civil que hoy vamos a aprobar. Por ello me siento orgullosa de vivir en este país y en este tiempo. (Aplausos.) Hoy demostramos la madurez de nuestra sociedad y que somos muchos los que no estamos dispuestos a soportar y consentir más la injusticia. Hoy vamos a mirar hacia adelante porque para atrás ya hemos mirado bastante. Miremos hacia adelante porque ahora nos queda un gran trabajo para eliminar la discriminación cotidiana y esta es una tarea en la que son necesarios todos los partidos políticos, los gobiernos, los colectivos y cada uno de nosotros, porque la mayor revolución que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos.

Termino agradeciendo a las organizaciones de gays, lesbianas y transexuales su labor constante, paciente y ejemplar.

¡Enhorabuena! Hoy, más que de nadie, es vuestro día.

Entrevista al lehendakari Patxi López sobre Derechos Humanos y convivencia

Jaume d'Urgell — Thu, 18 Oct 2012 18:25:00 +0200

El pasado lunes, día 15 de octubre de 2012, en el marco de las “twittentrevistas” o encuentros virtuales que desde hace tres años viene concediendo el lehendakari (presidente del Gobierno Vasco) Patxi López, tuve ocasión de preguntarle —y hasta en cuatro ocasiones obtener respuesta—, acerca de diversos asuntos que tenían como denominador común: conocer el grado de interés del Gobierno Vasco en la adopción de políticas orientadas a garantizar el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su ámbito de competencias.

Jaume d'Urgell (PREGUNTA) Lehendakari, defender los Derechos Humanos significa garantizar la dignidad de la persona. ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer?

Patxi López (RESPUESTA) Es que la dignidad de la persona se garantiza con unos servicios públicos universales y de calidad, porque eso garantiza la igualdad de todos, frente a la vida y frente a la enfermedad, y por eso en Euskadi hemos mantenido unas líneas rojas para no recortar los servicios de Educación y de Sanidad; garantizar la dignidad se consigue también a través de unas políticas, unas prestaciones y unas ayudas sociales que tejan una red de solidaridad para no abandonar a nadie en la cuneta de una crisis.

“Que el progreso
de unos no se
construya sobre la
miseria de otros”

Garantizar la dignidad es intentar hacer entre todos una sociedad decente, en la que el progreso de unos no se construya sobre la miseria de otros, y creo que eso siempre es importante, pero en medio de una crisis lo es más, porque es el perfecto caldo de cultivo para que unos planteamientos neoliberales acaben cargándose en base a recortes permanentes. Esa esfera de lo público [es la] que garantiza la igualdad y la solidaridad de los más vulnerables en esta sociedad, efectivamente, eso significa defender dignidad y defender Derechos Humanos y es lo que hemos hecho en el País Vasco.

Jaume d'Urgell (PREGUNTA) Lehendakari, ¿cómo se explica la recuperación de la convivencia que ha experimentado la sociedad vasca en su primera legislatura?

Patxi López (RESPUESTA) Bueno lo primero que hemos recuperado es la Libertad, con la victoria sobre una banda terrorista, porque esto no es una concesión graciosa de ETA, ni nadie nos ha regalado nada. Nuestra libertad la hemos conquistado nosotros con treinta años de resistencia cívica, con un Estado de Derecho que ha sido efectivo y eficaz, con la dignidad de las víctimas, y con —como digo— una sociedad que puso pie en pared y le dijo a la banda terrorista que nunca iba a conseguir absolutamente nada mediante la violencia.

Ahora es cuando tenemos que ser capaces de consolidar la convivencia de vascos distintos, que tenemos ideas plurales y sentimientos de pertenencia diversos, y tenemos que intentar consolidar la concordia, desterrando —todavía— focos de odios, de rechazos al diferente, de intolerancias que después de más de treinta años de violencia siguen instalados en este país, y ahí tenemos que hacer un ejercicio, yo creo que entre todos, para extender principios éticos y valores democráticos al conjunto de la sociedad vasca.

“Ahora es tiempo
de consolidar
la convivencia
y la concordia”

Yo creo que estamos encaminados en esa buena dirección, de eso en esta legislatura el Parlamento Vasco tenía una ponencia precisamente para avanzar en estas cosas: hemos avanzado en el Memorial de Víctimas, en el Instituto de la Memoria, porque a veces alguien cree que la memoria no es necesaria, y que tenemos que pasar esta página cuanto antes, pero no es cierto, la memoria de lo que ha sucedido en Euskadi se convierte: primero en un muro, para que no podamos volver hacia ese pasado en el que alguien cogía una pistola y mataba a una persona porque pensaba diferente; y segundo: se convierte también en los valores con los que construir una sociedad éticamente decente y no una sociedad amoral o inmoral, que es algo que no nos podemos permitir en Euskadi. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos a partir de ahora: convivencia y concordia en Euskadi.

Jaume d'Urgell (PREGUNTA) Lehendakari, muchas personas están preocupadas por la amenaza de los desahucios por usura y especulación, ¿qué plantea en su favor?

Patxi López (RESPUESTA) Bueno, lo primero que hicimos en este asunto es poner un Servicio de Intermediación en el Gobierno, y juntamos a los departamentos de: Justicia, de Asuntos Sociales y de Vivienda, para intentar dar una salida a estas personas que han perdido su trabajo y por eso no pueden hacer frente a su hipoteca y los bancos acaban desahuciándoles y quedándose con la vivienda. Ese Servicio de Intermediación, que ha empezado hace escasamente tres meses, ya ha resuelto más de 100 casos de estos, de 100 expedientes que han sido resueltos satisfactoriamente, sin acabar en desahucio.

“Un banco que
reciba dinero
público no debería
desahuciar a nadie”

Pero creo que tenemos que dar un paso más: por un lado creo que —no es competencia nuestra, pero— creo que cuando se inyectan miles de millones a unos bancos mal gestionados, esos miles de millones tienen que tener condiciones, y entre otras —para no ocupar mucho tiempo—, una debiera ser que esos bancos no puedan desahuciar absolutamente a nadie; lo segundo es que, debiéramos de, a través del posible parque de viviendas que tiene el Gobierno en alquiler, buscar una solución para los que definitivamente han sido desahuciados por el banco, con un alquiler simbólico para que nadie tenga que sufrir esta lacra. Bueno, de hecho el Gobierno Vasco —quiero decir— que ya interviene también en esto, porque el Gobierno Vasco, a través de la Prestación Complementaria de Vivienda, atiende a 20.000 personas en este país, a las que ayudamos con recursos para que tengan una vivienda en alquiler. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es ampliar eso, para que dé cobertura también a otros posibles casos.

Jaume d'Urgell (PREGUNTA) Lehendakari, ¿piensa aplicar algún tipo de discriminación
—o negar de algún modo— el acceso a la Sanidad Pública a algún ser humano?

Patxi López (RESPUESTA) No, de hecho nos hemos opuesto a la expulsión de los inmigrantes “sin papeles” de la Sanidad Pública en Euskadi. Una de las características esenciales de ese servicio público, como de todos, es la universalidad, y por tanto la igual atención de todos y de todas: sean de donde sean, tenga la renta que tengan y tengan el credo que tengan. En Euskadi no se aplica: ni ese recorte, ni el del “copago”, ni ningún otro que suponga el desmantelamiento de un servicio público que tiene que ser universal y de calidad.

Jaume d'Urgell
Fundación Internacional de Derechos Humanos (ec)

Manifiesto socialista contra la pobreza en España y en el mundo

Jaume d'Urgell — Thu, 18 Oct 2012 17:46:00 +0200

El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social (como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción). Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que no cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.

La Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2011) señala que un 21,8% de la población en España vive por debajo del umbral de pobreza y que el 26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. El número de personas atendidas por Cáritas supera ya el millón, multiplicándose por tres esta cifra desde 2007. Se estima que 3.200.000 familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo a su alimentación. Unicef ha denunciado que más de 2 millones de niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta seriamente tanto a su alimentación, como al rendimiento escolar de los menores. La infancia se ha convertido en el grupo más afectado por la pobreza en nuestro país.

Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando a clases medias súbitamente empobrecidas; se intensifica porque no sólo hay más pobres, sino que estos tienen menos que antes. Y lo peor es que se está haciendo crónica, es decir, que no se consigue revertir esta situación.

A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario, desde el mismo momento en el que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos y ciudadanas.

Es más, todas las medidas adoptadas por el Gobierno del PP se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados y de las entidades financieras, mientras que los españoles han asistido impotentes a recortes de derechos y a soportar los efectos negativos de esta crisis.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son una vuelta de tuerca más en este proceso de reducción del gasto social y consiguiente desmantelamiento del Estado de Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy desde su primer Consejo de Ministros.

Todas las partidas sufren nuevos recortes, que se suman a los ya impuestos en los PGE de 2012 y al recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Menos becas, más copago y el colapso del sistema de dependencia.

Pero donde más dramático es el recorte es en la red básica de servicios sociales que se ha visto reducida a 30 millones de euros, lo que supone una merma del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones), pero que si la comparamos con el último presupuesto del gobierno socialista es aún mayor, del 65%, ya que ese año el Plan Concertado estaba dotado con 86 millones de euros.

Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que el número de personas que necesitan ayuda de emergencia en España crece. Diversos informes, de la Red Europea contra la Pobreza, Cáritas y otras entidades del Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, del agua; ciudadanos y ciudadanas que han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material escolar.

Los socialistas creemos que es justamente en los momentos de crisis económica cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social. Es más, el alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas y nuestra obligación es ofrecer soluciones que puedan contribuir de manera inmediata a evitar que la fractura social sea cada día mayor.

Por ello, proponemos la creación de un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:

• Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos (400 millones de euros) para reforzar los servicios sociales básicos, multiplicando por más de 4 el Plan Concertado que tenían los Ayuntamientos y que el PSOE dejó en 86 M€, en lugar de reducirlo a 30 M€ para 2013.

• Duplicar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones (200 millones de euros) para el fortalecimiento de políticas de inclusión social.

• Complementar (400 millones de euros), de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, lo que permitiría ampliar el número de beneficiarios en más de 83.000 personas.

Con este Fondo se beneficiarían más de 500.000 familias y supondría la creación y/o mantenimiento de 30.000 empleos en los servicios sociales.

Proponemos ampliar los recursos que se destinan a subvencionar actividades de interés social del 0,7 al 1% del IRPF para los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.

Proponemos apoyar el mantenimiento del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, reforzar la financiación pública destinada a los Bancos de Alimentos y promover un gran acuerdo para garantizar un aprovechamiento eficiente de los alimentos evitando su destrucción sistemática.

Proponemos evitar los desahucios mediante la renegociación de las condiciones del préstamo, tal y como hacen las empresas, para buscar mejores condiciones y que eso les permita a muchos afectados por este drama mantener su vivienda.

Y queremos hacer esta reivindicación precisamente en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con el propósito de generar una mayor conciencia política y ciudadana en torno a la necesidad de afrontar las causas de la pobreza y de la exclusión en todos los países, y en particular, en los países en desarrollo.

En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven en la pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.

A pesar de ello, el presupuesto de ayuda al desarrollo ha caído en España un 70% desde 2011, alejando a nuestro país de los compromisos para alcanzar el 0,7%. La ayuda humanitaria ha desaparecido prácticamente del presupuesto público en un momento en que los conflictos, el cambio climático y la subida de precios de los alimentos están incrementando las hambrunas, especialmente en África y países de América Latina.

Se confirma así, a partir de estos sistemáticos recortes del Gobierno de Rajoy, la práctica desaparición de esta política pública, seña de identidad de nuestra acción exterior, debilitando nuestra imagen, credibilidad e influencia en el mundo.

Por todo ello, el Partido Socialista quiere sumarse también a las voces de la Alianza contra la Pobreza en España (plataforma que reúne a ONGD y diversos movimientos y plataformas sociales) que convoca concentraciones con motivo de este día 17 de octubre en protesta por una política de recortes que empobrece aún más a la población tanto dentro como fuera de nuestro país.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Coordinador del Grupo LGTB
Secretaría de Movimientos Sociales
Ejecutiva Provincial de Bizkaia
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

Manifiesto «Por un PSOE útil»

Jaume d'Urgell — Mon, 03 Sep 2012 12:02:00 +0200

El problema del liderazgo

El pasado mes de febrero, renovamos la dirección de nuestro partido, eligiendo así un nuevo liderazgo que fuese la voz de toda la militancia y la sociedad progresista en estos duros momentos que nos ha tocado vivir. Entendemos el liderazgo como una participación abierta y directa entre el Secretario General y la militancia, entre el socialismo y la ciudadanía. Pensamos que nuestro Secretario General debe ser la figura que defienda los intereses de la izquierda social, de los obreros. En una sociedad tan segmentada como esta, convendría tratar de representar la defensa de una mayoría de progreso.

Entendemos el liderazgo como una figura horizontal y participativa. Creemos firmemente que un líder debe ser respaldado por una gran parte de la militancia de base, por ello propondremos en la próxima Conferencia de Organización que el próximo/a Secretario/a General salga elegido/a mediante el mecanismo de un militante, un voto. Así aseguraremos un liderazgo fuerte, cohesionado y respaldado por los propios afiliados y afiliadas. No olvidemos que el liderazgo ha de ser social y a un político el liderazgo se lo reconoce y otorga la ciudadanía, la sociedad, por su carisma, coherencia personal, su capacidad de reconocer errores y por el proyecto político que encarna.

El PSOE está sumido en una profunda depresión política, de la que debemos y podemos salir. Consideramos que hay que abrir el partido a la participación activa de la sociedad, construir una comunicación directa con la ciudadanía, en la calle y en las redes sociales; hacer del PSOE un instrumento útil para España.

El 20N y sus consecuencias

En las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, los ciudadanos nos dieron definitivamente la espalda, como ya nos anunciaran en mayo de ese mismo año. Más de cuatro millones de personas no renovaron su confianza en el PSOE y nos dijeron alto y claro, Así no, con vosotros, no. La mayor parte de estos electores emigraron a fuerzas políticas de izquierdas o lo que es peor, a la abstención. Desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa, los partidos políticos que han logrado ganar unas elecciones generales, son los que cuentan con el apoyo de un electorado de centro, como le pasó, a modo de ejemplo, a Felipe González con el voto de UCD. No obstante, la captación del voto de centro tiene mucho más que ver con la percepción por parte de los votantes de un proyecto solvente e ilusionante en la izquierda que con el abandono de nuestras posiciones ideológicas, que provoca una fuerte pérdida de votantes por la izquierda sin llegar a atraer tampoco a los votantes moderados, como bien hemos podido constatar estos meses.

Se ha producido a lo largo de los años, una acomodación de los Partidos Socialistas europeos al sistema, con pérdida de su identidad y de su capacidad de transformación de la sociedad.

Como consecuencia de la crisis económica provocada por un sistema financiero especulativo y desregulado por los Estados, la ciudadanía se encuentra sumida en el desconcierto, atenazada por el miedo. Cada mañana al levantarnos no sabemos qué nos habrá recortado o quitado este gobierno conservador de Mariano Rajoy. Pensamos que el PSOE tiene que ser el referente para esa gente, que es la nuestra, los trabajadores y las trabajadoras, los más desfavorecidos, los que más nos necesitan. Tenemos que ser la voz firme que diga no al Partido Popular en su empeño de seguir humillando al conjunto de la ciudadanía española.

El 20N conocimos la mayor derrota del PSOE en su historia reciente, en gran medida por culpa de la crisis que ha arrasado con todos los gobiernos europeos que estaban plantándole cara. Pero no sólo por la crisis. El PSOE cometió errores, perdió su esencia y con ella su credibilidad, se alejó de la ciudadanía e hizo una política económica lejana a sus principios. Debemos dar respuesta a la crisis desde la oposición con ideas propias, debemos responder con una alternativa propia, concreta y creíble, que contemple un reparto equitativo de los sacrificios, construida con la participación de la ciudadanía, los agentes y movimientos sociales y con recetas socialdemócratas a esta crisis voraz, no sólo ofreciendo colaboración al gobierno que nos arrodilla.Debemos volver a ser alternativa.

Los recortes del Partido Popular

En febrero, el PP perpetró el mayor atentado de nuestra historia democrática, contra la sociedad española en general y los trabajadores y trabajadoras en particular, aprobando una Reforma Laboral que no solo abarataba el despido, sino que lo hacía gratuito durante el primer año y solo era el principio de un año negro para los derechos sociales en España.

El pasado julio España sufrió nuevos recortes en aras a controlar el gasto público. Unos recortes que dejan al proyecto de nación que nos dimos todos en su mínima expresión; si entendemos nación como bienestar social, sanidad y educación pública y gratuita e igualdad de oportunidades. El Partido Popular ha dirigido a la nación española a la debacle. Suben el IVA, reducen el número de empleados públicos, eliminan la paga extra de Navidad, aplican el copago farmacéutico….

La derecha ha acabado con el principio de universalidad de la Sanidad Pública española que era la envidia de Europa generando en nuestro país ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a los que se les niega el pan y la sal.

Pensamos que el PSOE debe dar voz a toda la gente que sufre, y debe dar voz siendo contundente con el Partido Popular, intransigente con la humillación y solidario con los trabajadores y trabajadoras. Debemos tener una voz fuerte en el Congreso de los Diputados, con un modelo de combate a la crisis diferente a la derecha, una voz que diga al Partido Popular basta.

El modelo de oposición

La última encuesta de intención de voto del pasado julio, arroja que el PSOE apenas ha mejorado respecto al resultado electoral del 20N quedándose en un 29.9%, lo que supone que recibe solo 1,3 puntos de los 8 perdidos por el PP. En cambio otras fuerzas políticas minoritarias sufren subidas espectaculares: Izquierda Unida casi ha triplicado su intención de voto en un año y supera el 8,6%. Se puede colegir que la ciudadanía no ve al PSOE como una alternativa a la crisis, y que contemplan otras fuerzas de izquierda como refugio.

Debemos abrir un profundo debate en el seno del partido del que salga un nuevo proyecto político que cuente la verdad y busque la complicidad de la ciudadanía y a partir de él desarrollar un modelo participativo de hacer oposición y vinculado a la defensa de un proyecto concreto. Creemos que el PSOE no podrá aguantar mucho más con la actual estrategia y por ello reclamamos un cambio de rumbo.

Proponemos una oposición frontal a la política de recortes del Partido Popular, leal a España y a los españoles. Una oposición dialogante pero firme y de izquierdas, una oposición activa que proponga fórmulas para salir de la crisis pero dura ante los recortes de la derecha.

No creemos en los pactos con una derecha que humilla a los españoles sin contar con el Parlamento, símbolo de la soberanía nacional. Consideramos que pactar con el actual Partido Popular en materia de recortes, sólo beneficia a la derecha y perjudica a España.

Creemos que lo útil es hacer oposición, útil para España y no para los intereses del Partido Popular. El PP no va a parar en su intento de reducir los derechos sociales, de los trabajadores y trabajadoras, y las conquistas democráticas; y ante eso consideramos que la oposición útil es la oposición firme, decidida, enérgica y exigente para con España.

Un nuevo modelo de partido,
un nuevo modelo de oposición

Confiamos en que la Conferencia de Organización prevista para este otoño se lleve a cabo, y esperamos también que en ella la militancia, parte fundamental de la misma, decida abrir los procedimientos del partido a su conjunto y hacernos funcionar de un modo más democrático y transparente, con primarias abiertas, sistema de incompatibilidades, limitación de mandatos y lucha contra la corrupción, para así hacer surgir un liderazgo compartido con la propia militancia.

El horizonte político para el PSOE no se presenta muy halagüeño, con una ciudadanía que nos da cada vez más la espalda y una estrategia de oposición, a nuestro juicio, equivocada, consideramos que el PSOE debe acometer profundos cambios.

Proponemos una Conferencia Política para marcar la estrategia de oposición entre todos los y las militantes, para disponer de un proyecto alternativo a la derecha que conecte con los intereses de la mayoría social de progreso, una hoja de ruta más nítida, segura y sobretodo consensuada.

La militancia es la base de nuestro partido. Los y las militantes debemos ser los que marquemos las líneas rojas por las que nuestro partido no se debe extralimitar en su forma de hacer oposición.

Confiamos en que la actual dirección del PSOE varíe su estrategia en la oposición. Y esperamos ese cambio para devolver la esperanza a una sociedad que siente miedo por su futuro. Porque se lo merecen los españoles en general y muy especialmente los trabajadores y trabajadoras de este país. Y, sobre todo, nos los merecemos los y las militantes. La situación actual y venidera es inaguantable para la izquierda, y particularmente para el PSOE.

Un debate abierto,
una nueva forma de liderazgo

Esta carta abierta es sólo el punto de partida para un debate también abierto. Un debate rico y diverso entre la militancia del PSOE. Un debate del que esperamos que surja un nuevo modelo de hacer oposición y un nuevo modelo de organizarse que actualice los procesos internos del partido, profundizando en participación, transparencia y apertura hacia la ciudadanía. La izquierda no debe tener miedo a la discrepancia, ni a ser exigente y dura con una derecha que nos humilla.

Este debate abierto en lo interno debe tener el objetivo de abrirnos a lo externo, buscar un liderazgo compartido. Un liderazgo que no solo sea orgánico, sino social.

Este documento ha sido elaborado con la aportación de numerosos y diversos socialistas, que entre otros son los abajo firmantes. Tú puedes ser uno de ellos, manda tu adhesión a utilpsoe@gmail.com diciéndonos en qué Agrupación militas y cada noche actualizaremos el listado de firmas.

Firmantes:

MARIANO BELTRAN Municipio de Murcia MURCIA
ALFREDO TURRADO Langreo ASTURIAS
MARTU GARROTE Chamartín MADRID
FERMÍN APARICIO Cádiz ANDALUCIA
ALBERTO SOTILLOS Pozuelo de Alarcón MADRID
JOSE ANGEL VERA Alcalá de Guadaira ANDALUCIA
PERICO ECHEVARRIA Chamberí MADRID
LUCIANO ALBARRAN Cádiz ANDALUCIA
FEDERICO RODRIGUEZ Chamartín MADRID
MARIA LOPEZ Campo Oeste MURCIA
FRANCISCO JOSÉ BERNAL Cáceres EXTREMADURA
LIVIA CASTILLO Chamberí MADRID
CANDIDO RUIZ Arcos de la Frontera ANDALUCIA
PILUCA RODRIGUEZ Alcorcón MADRID
Mª ESTELA RODADO Campo Oeste MURCIA
VICTOR M. ORTIZ CANTABRIA
Mª DEL PILAR MARTINEZ Cáceres EXTREMADURA
GABRIEL DORADO Moralzarzal MADRID
ROCIO RABAGO Potes CANTABRIA
SELINA GARCIA-ENRIQUEZ Chamartín MADRID
JESUS GINES SANCHEZ Campo Oeste MURCIA
JUAN PEDRO ESTEVEZ Chamberí MADRID
CESAR GOMEZ Liébana CANTABRIA
MONTSE SALVAT Tetuán MADRID
JAUME D’URGELL Bilbao EUSKADI
ASCENSION CERRATO Chamartín MADRID
OLGA MENENDEZ Benidorm VALENCIA
ANTONIO CARRION Campo de Murcia MURCIA
VICENTE BAEZA Leganés MADRID
PEDRO INIESTA Campo Oeste MURCIA
SANTIAGO SUAREZ Benidorm VALENCIA
MARIA RUIPEREZ Chamberí MADRID
FLORENCIO CUENCA Collado Villalba MADRID
CARMINA DOMINGUIS Pego VALENCIA
CARLOS RODRÍGUEZ Móstoles MADRID
ANICETO BERNAL Cáceres EXTREMADURA
PILAR MORAL Collado Villalba MADRID
PEDRO MIRALLES Suroeste Cordillera Sur MURCIA
ALEJANDRO CAPUANO Chamberí MADRID
ANDREA ESCOLAR Municipio de Murcia MURCIA
BERNARDO RAMOS Leganés MADRID
ALBA ROCAMORA Puente Tocinos MURCIA
JUAN LUCAS MONTILLA Carabanchel MADRID
JOSEFA Mª LOPEZ Campo de Murcia MURCIA
GREGORIO PEREZ Chamartín MADRID
ISABELINO CANO Collado Villalba MADRID
JOSU GOMEZ Tocina ANDALUCIA
MANUEL ARIAS El Escorial MADRID
MIRIAM FERNANDEZ Getafe MADRID

15 de septiembre: marcha hacia Madrid

Jaume d'Urgell — Wed, 01 Aug 2012 15:15:00 +0200

La “cumbre social” creada bajo el auspicio de CC.OO. y UGT y en la que participan unas 150 organizaciones sociales ha pactado este miércoles convocar para el 15 de septiembre una marcha a Madrid, así como otros actos que podrían desembocar en una “huelga general ciudadana”. En lo que respecta a la marcha del 15 de septiembre, la intención es que “centenares de miles de ciudadanos” marchen a Madrid desde todos los rincones de la geografía española.

Además de esta acción, las organizaciones quieren que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre la política de recortes que está aplicando. Si no lo hiciera, serían las organizaciones de la “cumbre social” las que llevarían a cabo la consulta popular. De acuerdo con las fuentes sindicales, esta consulta podría convocarse en la segunda quincena de octubre. Cientos de miles de personas se manifestaron en más de 80 ciudades españolas el pasado 19 de julio en contra del último conjunto de medidas del Gobierno, que incluye, entre otros ajustes contra el déficit público, la subida del IVA y la eliminación de la paga extra de Navidad de los empleados públicos.

Después de estas dos medidas de protesta, así como otras que han de pactarse para agosto, la cumbre decidirá si convoca una huelga general de “carácter ciudadano” que vaya más allá de una protesta sindical en los centros de trabajo, han explicado las fuentes sindicales. Esta huelga se decidirá en una nueva asamblea de la cumbre que podría ser el 6 septiembre. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han presidido esta tarde la constitución de la “cumbre social” que han auspiciado ambos sindicatos y que tiene como objeto aunar a diferentes organizaciones y asociaciones en el rechazo a la política de recortes del Gobierno y en la defensa de lo público.

Esta nueva plataforma aglutina a unas 150 organizaciones sindicales, de inmigrantes, juristas, futbolistas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consumidores, del personal sanitario, de la justicia, del ecologismo, del arte y de la dependencia, entre otras. La mesa que dirige esta “cumbre social” está formada por Toxo, Méndez, un miembro del Consejo de la Juventud de España —que representa a la Plataforma en defensa de los servicios públicos y del Estado del bienestar—, de los técnicos de Hacienda (GHESTA), de Jueces para la Democracia, de Ecologistas en Acción, de la Unión Progresista de Fiscales y del Sindicato de Arquitectos.

Con el apoyo de más de 150 organizaciones: ACSUR - Las Segovias • ACULCO • AMTAS-UPTA • APIAERPA, Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Emigrantes Retornados al Principado • ARI-Perú • Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) • Asociación Directores y Gerentes de Centros de Servicios Sociales • Asociación Futbolistas de España (AFE) • Asociación de Graduados en Ingeniería Civil • Asociación Jueces Para La Democracia • Asociación de Jugadores de Futbol Sala (AJFS) • Asociación de Mujeres “Nosotras Mismas”, de Chamberí • Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) • Asociación Unificada Militares España (AUME) • Asociación Planificación Familiar de Madrid • ATTAC • Asociación Paz Ahora • CEPES • CCOO, Comisiones Obreras • Código por el Derecho Social • CONADEE C.N. Ecuatorianos • Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) • Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) • Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) • Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (COPYME) • Confederación Intersindical (CI) • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) • Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) • CONFESAL • CJE, Consejo de la Juventud de España • Consejo General de Trabajo Social • Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos • Coordinadora de ONG’s de Desarrollo (CONGDE) • Coordinadora Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) • Coordinadora Española Para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) • Coordinadora Feminista • Consejo General de la Psicología • Ecologistas en Acción • Economistas Frente a la Crisis • Enclave Feminista • Estudiantes en Movimiento • Federación de Asociaciones de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social • FACUA, Consumidores en Acción • Federación de Artistas del Estado Español • Federación Asociaciones de Estudiantes Progresistas • Federación Asociaciones de Inspección Servicios Sanitarios (FAISS) • Federación Asociaciones de Mujeres de la Economía Social (ESFERA) • Federación Asociaciones en Defensa Sanidad Pública (FASDP) • FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España • Federación de Jóvenes Investigadores • Federación de Mujeres Progresistas • Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR) • Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas • FSM, Foro Social de Madrid • Fórum de Política Feminista • Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAAVVM) • GESTHA, Sindicato de Técnicos de Hacienda • Ingeniería sin Fronteras • Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) • Las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción • Liga Española de la Educación y la Cultura Popular • MPDL • Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa • Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar Social y de los Servicios Públicos (que agrupa a unas 60 organizaciones) • Plataforma 2015 y más • Psicólogos sin Fronteras • Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, Distritos de Madrid • Plataforma de Afectados por la Ley de Dependencia • Secretaría de Comités Óscar Romero del Estado Español • Sindicato de Arquitectos • Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) • Sindicato de Estudiantes • Sindicato Independiente de Enseñanza (ANPE) • Sindicato de Periodistas • Sindicato de Secretarios Judiciales • Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE) • Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) • Sindicato Unificado de la Policía (SUP) • Socialismo 21 • Sociólogos sin Fronteras • UGT, Unión General de Trabajadores• Unión de Actores • Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) • Unión Federal de Policía (UFP) • Unión de Guardias Civiles (UGC) • Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) • Unión Progresista de Fiscales • Unión Sindical Obrera (USO) • Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

La Masonería Española señala que las medidas del Gobierno ponen en peligro la convivencia ciudadana

Jaume d'Urgell — Wed, 25 Jul 2012 16:32:00 +0200

Ante la situación creada en España tras las últimas medidas políticas y económicas adoptadas por los responsables políticos del bienestar de los españoles, la Gran Logia Simbólica Española quiere llamar la atención de ciudadanos y gobernantes sobre el grave peligro que corre la convivencia ciudadana y los valores en los que se fundamentan nuestras libertades civiles. Así pues, manifiesta que:

Son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias del afán de enriquecimiento de “pequeñas oligarquías del capital financiero que deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no”, como ha dicho el vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jean Ziegler. Son los ciudadanos quienes ven cómo desaparece su esperanza en un futuro mejor.

Las instituciones han hipotecado la salud económica del país contrayendo, en nombre de todos los españoles, deudas gigantescas. A menudo lo han hecho a través de operaciones irregulares, perjudiciales y, en algunos casos, inequívocamente indecentes. El déficit público se ha manejado de espaldas al ciudadano y con una irresponsable y oculta gestión de instituciones financieras tanto públicas como privadas.

Las autoridades admiten ahora que es a los acreedores de esa enorme deuda a quienes ha sido transferida la autoridad sobre la nación; acreedores que nadie conoce ni ha votado pero que, en las grandes decisiones, suplantan al Gobierno legítimamente elegido. Eso es, a nuestro juicio, la perversión esencial del sistema democrático y del Estado de derecho. Ni en el ámbito supraestatal de la Unión Europea ni en ningún otro hemos elegido los ciudadanos a nuestros gobernantes para que cedan a otros el poder que les dimos.

Las decisiones tomadas últimamente están empezando a deteriorar nuestro sistema de convivencia, están despojado a las personas de sus medios de susbistencia, están quebrantando la dignidad de muchos como seres humanos y están vaciando de contenido la palabra libertad, rompiendo el delicado equilibrio de los valores éticos.

La crisis económica se está convirtiendo en una auténtica crisis de valores, de libertades cívicas y de confianza democrática cuando las medidas que se toman vienen precedidas por la creación de un estado de miedo entre la población. El miedo a la pérdida del empleo, el miedo al futuro, se convierte en sumisión servil y pasiva ante quienes pueden decidir en cualquier momento si uno conserva o pierde su trabajo. El gobierno por el miedo está en el origen de todos los fascismos.

La G∴ L∴ S∴ E∴, organización masónica liberal, adogmática y mixta, formada por hombres y mujeres de numerosos lugares de España, de todas las procedencias sociales y opiniones políticas, pero unidos todos por el afán de progreso tanto personal como de toda la sociedad, se siente en el deber de señalar a los ciudadanos que no puede salir adelante un país que:

Restringe y encarece el deterioro de la educación pública.
Restringe y encarece el deterioro de la sanidad pública a la que todos los ciudadanos tienen derecho.
Renuncia a invertir en investigación y desarrollo.
Desampara a ancianos y enfermos que no pueden valerse por sí mismos.
Abandona a su suerte a los creadores y transmisores de la cultura.
Reduce las ayudas que permiten subsistir a la gran mayoría de los 5,3 millones de personas que no tienen trabajo.
Aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos de a pie mientras libra de ella a las instituciones eclesiásticas y ofrece amnistías fiscales a los que han defraudado.
Quita a su antojo dinero a sus funcionarios públicos mientras dedica cantidades colosales a “salvar” bancos cuya gestión ha sido calamitosa, cuando no delictiva.
Cae en la desvergüenza histórica de volver la espalda a quienes vienen de fuera para buscarse una vida digna de tal nombre.

Todo ello hace que la situación actual esté lejos de poder definirse como una crisis económica: es una agresión directa a nuestro sistema de valores, a nuestra concepción de la justicia y a la fortaleza de la democracia.

La G∴ L∴ S∴ E∴, por lo tanto, reclama a las autoridades públicas:

Que sean conscientes de que lo que se está jugando es mucho más que el déficit público o la buena salud de los bancos, y lo tengan en cuenta en su toma de decisiones.
Que no impongan sacrificios a quienes no son culpables de la situación y se encuentran ya sumidos en una economía de subsistencia.
Que gobiernen, como decían hace dos siglos los padres de la Constitución de Cádiz, en busca de la felicidad de la nación y no de su amargura material y moral.
Que recuerden que su primer deber y responsabilidad no es someterse al dictado de los acreedores e instituciones financieras, sino servir a los ciudadanos a quienes representan.

El plan de choque que España necesita

Jaume d'Urgell — Tue, 24 Jul 2012 12:03:00 +0200

Recientemente se ha sabido que en solo tres meses de 2012, el Estado ha ejecutado 46.559 desahucios ⁽¹⁾, forzando la expulsión de otras tantas familias, que se ven obligadas a abandonar sus hogares y a buscarse la vida como puedan. Entre tanto, diversas informaciones aparecidas en prensa apuntan a un dramático aumento del número de personas que toman la decisión de suicidarse, alcanzando un promedio de nueve suicidios cada día, a lo largo del año 2009 ⁽²⁾.

Ante la necesidad de proponer medidas orientadas a frenar el empobrecimiento planificado de la clase trabajadora, un gran número de gobernantes, economistas, columnistas e intelectuales, tras analizar las causas y los efectos de llamada “Crisis Económica”, vienen ofreciéndonos un sinnúmero de recetas basadas —en su mayor parte— en la continuidad de la fórmula neoliberal que ha propiciado la desregulación salvaje de los mercados financieros, abriendo la puerta al saqueo masivo de la ciudadanía y la generalización del “capitalismo de casino” —totalmente injusto, inhumano e insostenible— que ha caracterizado la evolución de la economía mundial durante los últimos años.

A la vista de tanto sufrimiento, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué ocurre con las víctimas más desfavorecidas?. La respuesta de la derecha no se hizo esperar, de la mano del tristemente célebre “¡Que se jodan!” proferido por la diputada del Partido Popular, Andrea Fabra ⁽³⁾ en sede parlamentaria. Una respuesta diseñada a la medida del sistema ético y moral del partido al que pertenece, pero muy alejada de la necesaria mesura, criterio y responsabilidad institucional que cabe esperar del grupo parlamentario que respalda al gobierno de la nación.

No obstante, cada día que pasa, más personas compartimos la convicción de que existen fórmulas alternativas, soluciones que no pasen por la exclusión social de amplios colectivos humanos, sino que se basen en el pleno respeto a la dignidad elemental de la condición humana y a los derechos constitucionales de los que toda persona es titular —toda persona— y no solo de aquellas que dispongan de suficiente dinero para poder costear sus necesidades básicas.

Así, frente al aumento masivo de despidos, desahucios, depresiones, deportaciones y suicidios, aparecen también propuestas políticas que buscan una redistribución más justa de los recursos naturales y la riqueza resultante del esfuerzo colectivo de toda la sociedad.

Bajo estas líneas, se articula una propuesta de “PLAN DE CHOQUE” que no busca la supresión de la democracia, ni la guerra o la implantación permanente de un sistema ideológico extremista, sino simple y llanamente la reconducción de la presente coyuntura desbocada hacia un escenario menos injusto, desde el cual sea posible constituir un nuevo modelo de convivencia pacífica, constitucional, libre, democrática, ecuánime y con pleno respeto a los Derechos Humanos de absolutamente toda la ciudadanía.

Decálogo de medidas para combatir la injusticia

Moratoria absoluta e inmediata de despidos, desahucios y deportaciones.
Bloqueo de precios y sueldos.
Quita total y definitiva de la deuda militar.
Reasunción efectiva de la soberanía nacional en política monetaria.
Desamortización del patrimonio saqueado por la corona, el clero, la nobleza, la usura y la explotación, nacional o exterior (patrimonio máximo autorizado por familia de primer grado: 10.000 veces el Salario Mínimo Interprofesional). Estatalización forzosa de cualquier entidad, servicio o infraestructura privatizada, pagando las indemnizaciones que se consideren justas.
Multa del 100% del patrimonio evadido o defraudado al erario público.
Abolición de la represión activa de multitudes.
Preservación del régimen de libertades, derechos y garantías constitucionales.
Convocatoria inmediata de elecciones a Cortes Constituyentes, mediante sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, en circunscripción única, multipartidista, con listas abiertas y no-bloqueadas.
Protección efectiva de las personas en situación de absoluto desamparo económico.

Jaume d'Urgell
Correo electrónico, Facebook y Twitter.
(a título exclusivamente particular)

ANOTACIONES Y REFERENCIAS
1. «46.559 desahucios en tres meses de 2012». (PÚBLICO, enlace a la noticia)
2. «Dramático incremento de suicidios en 2009». (EL PAÍS, enlace a la noticia)
3. «Fabra desata el escándalo en el Congreso». (EL PERIÓDICO, enlace a la noticia)

Manifiesto del PSOE por el Día Internacional del Orgullo LGTB 2012

Jaume d'Urgell — Tue, 26 Jun 2012 13:36:00 +0200

El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual (lgtb), y que se celebra en todo el mundo como el Día del Orgullo LGTB.

Una conmemoración nacida de la rebelión de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se mantuvieron firmes en contra de una discriminación brutal y el hostigamiento constante por parte de la policía, desafiando leyes injustas y prejuicios destructivos. Hoy, aún podemos decir que nuestro país se encuentra a la cabeza de los países que reconocen los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (lgtb), y, en este proceso, las mujeres y hombres socialistas hemos sido pieza clave para su impulso y desarrollo, especialmente con nuestros Gobiernos, y que se plasma en la celebración este año del 15 aniversario de la creación del grupo federal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del PSOE.

A pesar de estos importantes avances, aún quedan cosas por conseguir y realidades que cambiar, pero la defensa de los derechos conquistados es una de nuestras prioridades, ante un gobierno del PP que ha demostrado en estos meses, que es un gobierno antisocial, que no cree en la igualdad, y desarrolla una hoja de ruta ultraconservadora en cuanto a derechos sociales y civiles se refiere, y que supone un grave peligro para las libertades públicas alcanzadas en nuestro país.

No podemos dejar de recordar en este día que el Partido Popular mantiene aún su vergonzoso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que posibilitó el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo, un recurso contra la igualdad y la felicidad de millones de personas que viven en nuestro país. En tanto se mantenga dicho recurso, ninguna propuesta política en favor de la igualdad por parte del Gobierno del PP será creíble, por lo que hacemos, de nuevo, un llamamiento a sus dirigentes para que retiren dicho recurso y reconozcan el derecho de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales a disfrutar de sus derechos civiles, y el derecho a igual trato y consideración que el resto de la ciudadanía. El mantenimiento de este recurso genera inquietud e indignación por parte de quienes viven diariamente con una espada de Damocles sobre sus derechos civiles, situación que se extiende a sus hijos e hijas, familiares y personas allegadas.

En una situación de crisis global como la actual, debemos poner de manifiesto que aquellas poblaciones que padecen discriminación, son especialmente más vulnerables a la exclusión. Los recortes sociales llevados a cabo por el gobierno del PP en el ámbito de los derechos laborales y sociales, afectan también de forma significativa a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, al sumarse estas situaciones de precariedad a las discriminaciones que aún lamentablemente se producen en el ámbito del empleo y en el acceso a bienes y servicios por parte de esta población.

Especialmente deplorable es la actitud de significados dirigentes del PP, y de otros partidos de derechas, que han tratado de utilizar a las personas transexuales como chivos expiatorios de esta crisis, propugnando reiteradamente la necesidad de eliminar el proceso transexualizador del sistema público de salud como una medida fundamental para reducir el gasto sanitario, tratando de estigmatizar a una de las poblaciones más vulnerables, y obviando que el coste de dicho proceso, excluido de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP, supone una ínfima cantidad de los recursos sanitarios, y tratando así de enmascarar la política de destrucción del sistema sanitario universal, público y gratuito que está desarrollando el gobierno del Partido Popular.

La eliminación de la estructura funcional de la Secretaría del Plan Nacional del Sida y de los recursos destinados a la prevención del VIH en los presupuestos de 2012 es una clara muestra de la agenda neocon del PP, que trata con la excusa de la crisis, de eliminar cualquier programa de promoción de la salud sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual, lo que le ha conllevado una condena enérgica de las organizaciones y organismos de VIH tanto españolas como internacionales. Esta ineficaz política puede ocasionar que nuestro país, que cuenta con una de las principales tasas de seroprevalencia de la UE, retroceda 20 años en lo que a políticas de promoción de la salud y de prevención del VIH se refiere. De pura homofobia institucional podemos calificar el rechazo del Ministerio de Sanidad a aceptar 200.000 preservativos y lubricantes que una empresa ofrecía gratuitamente para desarrollar la campaña de prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres que este ministerio realizaba todos en los años coincidiendo con el Orgullo, y que pone de manifiesto que no es una cuestión de recursos, sino una cuestión de falta de voluntad política y de incapacidad de quienes todavía, desde el Gobierno y fuera de él, ven en el preservativo un enemigo y no un aliado para reducir los preocupantes niveles de transmisión del VIH en nuestro país, dando al traste con años de trabajo, colaboración y consensos en esta materia.

La eliminación de la asignatura de educación para la ciudadanía y la desaparición del temario de la asignatura que pretenden sustituya a esta de cualquier mención a promover el respeto a la diversidad sexual y familiar, así como de combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género retrata nuevamente la actitud del Gobierno del PP en el ámbito de los derechos y las libertades públicas, al que se suma otras muchas, como la modificación de la ley de salud sexual y salud reproductiva para eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y que pone de manifiesto su clara alianza con los sectores ultra religiosos para eliminar los derechos sexuales y los derechos civiles alcanzados en los últimos años.

El PSOE quiere manifestar su firme voluntad de combatir con todos los instrumentos del Estado de derecho los intentos del partido popular de recortar, cuando no eliminar, los derechos y libertades que han convertido a nuestro país en un referente internacional en derechos para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y denunciará junto a las organizaciones lgtb cualquier iniciativa política que en cualquier ámbito trate de menoscabar los derechos y las conquistas alcanzadas durante los últimos siete años.

En este sentido, el PSOE tratará de impulsar los consensos sociales y parlamentarios necesarios para aprobar una Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que combata todo tipo de discriminación e incorpore los instrumentos necesarios para erradicar las actitudes discriminatorias de la sociedad española y proteger a las víctimas.

Reiteramos nuestro apoyo y colaboración con las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y manifestamos nuestra felicitación en el día del Orgullo a todas las mujeres y hombres activistas que con su trabajo, valentía y convicción siguen manifestando día a día que otra sociedad es posible, libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual o la identidad de género.

Finalmente, queremos convocar a la militancia socialista y a toda la ciudadanía a que participe activamente en las manifestaciones del Orgullo, que en defensa de los derechos alcanzados y contra los recortes a la igualdad que promueve el PP, han convocado las organizaciones lgtb en toda España, y especialmente a la manifestación estatal que tendrá lugar el próximo 30 de junio en Madrid, bajo el lema “Matrimonio Igualitario. Igualdad sin recortes”.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Coordinador del Grupo LGTB
Secretaría de Movimientos Sociales
Ejecutiva Provincial de Bizkaia
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

El Gobierno Vasco garantizará el acceso a la sanidad a los colectivos que quedarán excluidos por los recortes

Jaume d'Urgell — Fri, 18 May 2012 08:50:00 +0200

El Gobierno vasco garantizará, en el marco del Estatuto de Autonomía, la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones de acceso a aquellos colectivos que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 por el Congreso de los Diputados, quedarán excluidos de la cobertura asistencial, según ha asegurado el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.

Fernández se ha reunido este jueves en Bilbao con representantes de diversos colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y enfermos crónicos) que podrían ver recortados sus derechos por lo dispuesto en el Real Decreto Ley del Ministerio de Sanidad que recoge los recortes en Sanidad, tras lo cual ha comparecido en rueda de prensa, acompañado de la directora de Emakunde, María Silvestre, para comprometer la cobertura asistencial «universal» a todas las personas en Euskadi.

Fernández ha leído una declaración institucional en la que se denuncia que, con la excusa de «garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud » , el Real Decreto aprobado este jueves «restringe la atención sanitaria a un conjunto amplio de colectivos, como los jóvenes mayores de 26 años, personas con discapacidad inferior al 65 por ciento, inmigrantes en situación irregular o excónyuges que no se encuentren a cargo de un asegurado».

Estos colectivos, recuerda el texto, deberán contribuir mediante el pago de la correspondiente prestación, si quieren acceder a la protección sanitaria. El Gobierno vasco, continua la declaración, «es consciente de la importancia de implementar medidas de consolidación fiscal, pero no acepta que ello sea a costa de socavar el acceso a servicios públicos esenciales que contribuyen a la cohesión social y el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas».

Por ello, añade, «garantizamos que en el marco que nos brinda el Estatuto de Autonomía, no vamos a dar un paso atrás en la garantía de estos derechos» y «todas las personas en el País Vasco vamos a seguir teniendo una asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones en su acceso».

El viceconsejero ha insistido en el compromiso del Gobierno vasco de dar «cobertura asistencial de la cartera completa de servicios» y ha señalado que, «otra cosa es que la tarjeta sanitaria que vayamos a dar a estas personas que quedan fuera del real Decreto Ley sea una tarjeta válida fuera de Osakidetza, lógicamente ahí estamos bajo el marco legal español y no tenemos posibilidad de ir más allá de nuestros propios límites».

El derecho a la sanidad, en datos

Fernández ha señalado que, en Euskadi, hay 22.000 ciudadanos extranjeros empadronados que no tiene permiso de residencia, por lo que con el Real Decreto Ley quedarían excluidas de la asistencia sanitaria.

Asimismo, ha precisado que este decreto también afecta a otros colectivos, como todas aquellas personas que no siendo cotizantes a la Seguridad Social o lo han sido en el pasado pero están en situación de desempleo, no tienen la condición de beneficiario de una tercera persona, a aquellos menores de 26 años, a los que no tienen una discapacidad superior al 65 por ciento. Otro colectivo afectado, ha señalado, es de las personas divorciadas o en proceso de separación que no han cotizado nunca y no acceden a su primer empleo.

Fernández ha afirmado que, según la base de datos de Lanbide, hay 21.500 personas en demanda de su primer empleo, de las cuales 13.500 son mayores de 26 años. Asimismo, hay 800 personas divorciadas o en situación de separación legal, que también están demandado su primer empleo. A ellos se suman 3.500 demandantes de su primer trabajo que tiene algún grado de discapacidad y que no han accedido a ningún empleo con anterioridad.

Por lo tanto, ha advertido, «estamos hablando de varios miles de personas, pero que reflejan sólo una parte de la sociedad, porque son aquellas personas que están registradas en demanda de empleo y habría muchos más de estos distintos colectivos que, por las razones que sean, ni siquiera se han registrado en Lanbide como demandantes de empleo».

Fernández ha criticado también que se está "confundiendo a la opinión pública, tratando de justificar estas exclusiones de la asistencia sanitaria" alegando que "hay un turismo sanitario de personas europeas o no, que vienen a España para recibir asistencia sanitaria, cuando están cubiertos por la seguridad social de su país", cuando, en este caso, la solución es "muy sencilla: mejorar los sistemas de información y de facturación de las comunidades autónomas para cobrar por estos servicios".

Además, ha censurado que se argumente que los ciudadanos extranjeros hacen «una utilización y un abuso de la asistencia sanitaria superior a la de los ciudadanos españoles», cuando, según datos que ha aportado, la población inmigrante «acude 6,4 veces al año de media a los centros de salud, frente a las 11,1 veces de los ciudadanos españoles, y los inmigrantes suponen un consumo de fármacos de los ciudadanos extranjeros es de 96,5 euros al año y el de los españoles de 446 euros».

Fernández ha reconocido que «el único punto de atención donde hay una mayor utilización de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos extranjeros es en el caso de las urgencias, un 16 por ciento más».

A su juicio, la aplicación del real decreto va a producir una «sobreutilización de las urgencias por parte de aquellos ciudadanos extranjeros a los cuales la única cobertura asistencial que se les preserva es la atención de urgencias, con los problemas que ello va a generar de peor control de las enfermedades, de saturación de las urgencias y de mayor coste de la prestación de servicios sanitarios para esta población».

Objeción ética

Por otro lado, el presidente de Osalde (Asociación para el derecho a la salud), Juan Luis Uria, ha explicado que desde Osalde han convocado a distintos colectivos profesionales para plantear «en firme la objeción ética en las consultas» al Real Decreto de Sanidad.

«Pase lo que pase a nivel institucional, se garantice o no se garantice a nivel institucional, los colectivos profesionales necesitamos trabajar con el humanismo normal de la consulta médica y con la ética habitual de los trabajos en los centros de salud, ambulatorios y centros hospitalarios de Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud Pública)», ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que ya se han posicionado a favor de esta «objeción ética», entre otros, la Sociedad de Medicina familiar, Osalde y la Asociación de Enfermería Comunitaria. Asimismo, ha dicho que se está discutiendo esta objeción en los Colegios de Médicos, de Farmacéuticos, Fisioterapeutas o de Enfermería.

Manifiesto del PSOE por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 2012

Jaume d'Urgell — Tue, 15 May 2012 17:55:00 +0200

Un año más, el PSOE se suma a la celebración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que fue reconocido en España por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009.

El PSOE se une un año más a la celebración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Fecha que conmemora el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales; catalogación que ya en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) había retirado de su manual de diagnóstico, dando así portazo al fundamento pseudocientífico que utilizaban los sectores conservadores y religiosos para justificar actos de homofobia, transfobia o bifobia. Estos avances, basados en la evidencia científica, pretendieron acabar con casi un siglo de prejuicio médico y discriminación sistemática contra lesbianas, gays y bisexuales. Este día fue reconocido en España por el Gobierno socialista mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009, sumándose así nuestro país al grupo de Estados que impulsan el reconocimiento internacional por parte de Naciones Unidas del 17 de mayo como símbolo de la lucha por la igualdad. La aprobación de este Acuerdo supuso una manifestación más de la lucha por la igualdad efectiva que en los últimos 7 años el Gobierno socialista impulsó para conseguir eliminar la homofobia, la transfobia y la bifobia, así como cualquier forma de discriminación latente en nuestra sociedad.

En la actualidad, la Organización de Naciones Unidas celebra este día, y tal y como expresa Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos «La homofobia y la transfobia no son diferentes del sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia. Pero mientras que estas últimas variantes del prejuicio son objeto de la condena universal de los Gobiernos, la homofobia y la transfobia suelen pasarse por alto con demasiada frecuencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato ético, sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de género».

A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, la homofobia, la transfobia y la bifobia siguen siendo una de las formas de odio más extendidas, y la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo objeto de persecución legal en muchos países como pone de manifiesto el último “Informe de ILGA Homofobia de Estado”, que señala que la homosexualidad está perseguida penalmente en 76 países, y castigada con pena de muerte en Arabia Saudí, Irán, Yemen, Nigeria, Somalia, Mauritania, Sudán y, en el caso de Afganistán, la sodomía es castigada a muerte por lapidación. A todos ellos hay que sumar numerosos países donde los asesinatos extrajudiciales y los crímenes de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género, ponen en riesgo, a diario, la vida y la integridad física de miles de activistas en defensa de los derechos humanos de la población lgtb en todo el mundo. Este año queremos recordar el vil asesinato del joven gay Daniel Zamudio en Chile y de la activista transexual mexicana Agnes Torres, o los recientes asesinatos de tres mujeres transexuales en Uruguay, a los que hay que sumar las terribles informaciones sobre la situación de las personas homosexuales y transexuales en Iraq y en numerosos países africanos.

Las personas transexuales son uno de los colectivos más excluidos socialmente, como ponen de manifiesto los informes elaborados por la Comisión Europea, siendo objeto de una importante discriminación en el ámbito laboral y educativo. Aún hoy se mantiene la transexualidad en el catálogo de enfermedades mentales de la OMS, lo que ha generado un importante movimiento de activistas y profesionales de la salud solicitando su eliminación como patología mental en la elaboración del DSM-V prevista para este año 2012. Tanto el Gobierno español, a iniciativa del Grupo Socialista en el Congreso y mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010, como la Unión Europea han instado a la OMS a que proceda a la despatologización de la transexualidad en la próxima revisión del DMS.

Trabajar contra la igualdad legal de las personas basada en su orientación sexual o su identidad de género es también una clara forma de homofobia, transfobia y bifobia. Por ello las mujeres y hombres socialistas manifestamos nuestra firme defensa de los avances conquistados en los últimos años de gobierno socialista en esta materia, y reiteramos nuestro compromiso de evitar cualquier intento por parte del actual gobierno del PP de eliminar o limitar los derechos civiles alcanzados y los derechos sociales reconocidos. Por ello, reiteramos nuevamente nuestra petición al PP para que retire el vergonzoso recurso que mantiene ante el Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonio igualitario en nuestro país, y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que defienda los derechos conquistados en España, y que nos han situado como un país referente en el mundo, frente a una derecha cada vez más extrema que trata de cercenar las conquistas alcanzadas en estos últimos años.

En este día, el PSOE quiere honrar la memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia en todo el mundo, manifestando nuevamente su compromiso por la igualdad real y efectiva de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, para lo cual seguirá impulsando una ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que ayude a prevenir y eliminar las discriminaciones que aún subsisten en nuestra sociedad, y que ampare y apoye a las víctimas de discriminación en nuestro país.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Coordinador del Grupo LGTB
Secretaría de Movimientos Sociales
Ejecutiva Provincial de Bizkaia
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

Manifiesto en defensa de una respuesta a la infección por VIH y el sida, comprometida, eficaz, sostenida y solidaria

Jaume d'Urgell — Thu, 10 May 2012 00:44:00 +0200

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país está sirviendo de pretexto al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para tomar medidas en relación al Sistema Nacional de Salud que vulneran los derechos humanos, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo a toda la población. Desde que el nuevo Gobierno ganó las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 estamos asistiendo a un sinfín de noticias y decisiones políticas unilaterales extremadamente preocupantes que afectan a toda la ciudadanía y en especial a los grupos sociales más vulnerables como pueden ser las personas sin trabajo, pensionistas, inmigrantes en situación irregular y todas aquellas que padecen una enfermedad crónica como vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre otros colectivos.

En esta última línea, las plataformas de entidades estatales y autonómicas de respuesta al VIH y el sida que durante 30 años hemos venido ofreciendo -junto con otros agentes sociales- un trabajo esencial para erradicar la pandemia y sus consecuencias socio-sanitarias en todo el territorio español, denunciamos ante la opinión pública que:

- El Gobierno de España parece no tener una estrategia clara sobre cómo abordar la respuesta al VIH o bien no tiene voluntad política para hacerlo porque existe en la actualidad una total incertidumbre en esta materia. En enero asistimos a una hipotética desaparición de la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), desmentida con la publicación, en el BOE de 24 de enero, de su adscripción a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; posteriormente, contemplamos el nombramiento de una fugaz secretaria de la SPNS, quien permaneció en el cargo menos de dos meses sin dar ningún tipo de luz a la compleja situación existente y, a fecha de hoy, no se ha nombrado otro responsable al frente de la SPNS, en un año muy importante en el que finalizará la vigencia del “Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2008-2012” y en el que ya se debería estar trabajando en un nuevo plan.

- El 3 de abril el Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 en los que ha desaparecido la consignación explícita e inequívoca del presupuesto del Plan Nacional del Sida, que presumiblemente, según algunas fuentes, se encuentra en otra partida, habiéndose visto reducido su presupuesto a la mitad, aunque, según otras fuentes, la reducción podría ser mayor. Lo cierto es que no sabemos a cuánto asciende el presupuesto y aún no se ha publicado la convocatoria anual de subvenciones a organizaciones civiles, por lo que éstas se ven obligadas a paralizar programas de prevención y de detección precoz de la infección y cerrar servicios y centros de atención a las personas con VIH.

- Por otra parte, a través del Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional (SNS) de Salud, el Gobierno ha realizado reformas que incluyen el copago farmacéutico, con graves consecuencias para los pacientes crónicos como es el caso de las personas con VIH, así como la práctica exclusión del SNS de los inmigrantes no regularizados; medidas que ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchas personas; además que favorecen un grave problema para la salud pública.

Las organizaciones y personas signatarias de este documento nos sentimos hondamente preocupadas ante lo que parece, por parte del Gobierno de España, la falta de una respuesta a la infección por VIH y el sida comprometida, eficaz, sostenida y solidaria, que garantice el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo con relación al VIH y el sida. Por todo ello, reclamamos al gobierno:

1. Respeto total a los derechos fundamentales impulsando un marco ético y social que garantice la dignidad, derechos y libertades de toda la población. Por ello, exigimos al Gobierno que garantice el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no sólo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH.

2. Liderazgo político y compromiso económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH y el sida. El liderazgo pasa inevitablemente por el refuerzo de la SPNS como organismo coordinador de la respuesta española al VIH que, por una parte, vele por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida España 2013-2017, con directrices a seguir durante los próximos años; y por otra, que apoye la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH y, finalmente, que garantice la continuidad de los programas desarrollados por las ONG con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.

El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, puesto que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este ahorro no será real si aumenta el número de nuevas infecciones por VIH.

En este sentido, solicitamos de carácter urgente al Gobierno que nombre a la nueva persona responsable de la SPNS y aclare públicamente las cantidades destinadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 a la respuesta al VIH, tanto las destinadas a subvencionar las actividades que realizan las ONG como las destinadas a las transferencias de las CCAA para realizar acciones de prevención del VIH como las que necesita el propio Plan Nacional sobre el Sida para su funcionamiento.

Asimismo, pedimos que, para evitar este tipo de situaciones, siempre se consignen explícita e inequívocamente los presupuestos de la SPNS en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.

3. Cumplimiento de los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y sida. El Gobierno español, además de compromisos económicos, ha firmado compromisos internacionales en la respuesta mundial al VIH ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo (PE), para alcanzar el “Objetivo Cero: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida". Desde la sociedad civil organizada exigimos el cumplimiento de dichos acuerdos que garantizan una apuesta conjunta a la atención y prevención del VIH.

4. Diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles. Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del Gobierno que cuenta con espacios oficiales como las CCAA, sociedades científicas y organizaciones civiles para consensuar las medidas necesarias para adaptar la respuesta frente al VIH en una situación económica como la actual. No obstante, está actuando de manera unilateral -obviando a todos estos agentes y especialmente a las ONG, a las que reiteradamente se les ha ignorado en sus peticiones de mantener una reunión con representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y tomando decisiones irresponsables, de graves consecuencias sociosanitarias que no compartimos.

Por ello, solicitamos la convocatoria de forma inmediata de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida como órgano legitimado para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en el Estado español.

5. Compromiso real y efectivo con el sostenimiento del tratamiento y atención de las personas con VIH, impidiendo que las medidas de ajuste económico repercutan en una menor adherencia al tratamiento para el VIH o un inadecuado seguimiento, prevención, control y tratamiento de las patologías relacionadas con el VIH. Exigimos al Gobierno que aclare en qué medida el Real Decreto-ley, de 20 de abril, pretende o va a suponer para las personas con VIH (y para personas con otras enfermedades crónicas como cáncer, hepatitis, psoriasis, procesos hematológicos o esclerosis múltiple) el pago del 50% del tratamiento ambulatorio que reciben en los hospitales.

Manifiesto en defensa de una respuesta a la infección por VIH y el sida, comprometida, eficaz, sostenida y solidaria, impulsado por las 300 entidades representadas por las plataformas estatales y autonómicas de respuesta al VIH.

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Comitè 1er de desembre, Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA), Coordinadora Gai Lesbiana, Coordinadora Luita contra la sida Valencia (CALCSICOVA), Federación Estatal de asociaciones de personas afectadas por las drogas, el VIH y grupos afines (FAUDAS), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB), Federación de Lucha contra el Sida de Asociaciones Vascas (EUSKALSIDA), Federación Trabajando en Positivo, Federación de Comités Ciudadanos Anti-SIDA de Castilla y León (FECCAS), Foro español de activistas en tratamientos del VIH (FEAT), Fundación Lucia para el Sida Pediátrico (FLUSIP), Fundación Movimiento Ciudadano Antisida (FUNSIDA), Fundación Triángulo, Plataforma de ONG´s de lucha contra el sida de Navarra (NASIDA), Médicos del Mundo y Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (REDVIH).

¡Borbón y cuenta nueva!

Jaume d'Urgell — Thu, 19 Apr 2012 12:06:00 +0200

El problema no es que un rey viva a cuerpo de rey, por más escandaloso que resulte su estilo de vida —en contraste con los terribles recortes sociales—, la cuestión es: ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir la malversación, usurpación, injerencia, delito electoral, opacidad y tráfico de influencias que implica una jefatura de Estado no-electa, vitalicia y hereditaria, en pleno siglo XXI, en el marco de un Estado democrático, constitucional y de Derecho?

Como es bien sabido, el monarca español sufrió hace unos días un percance al tropezar, caer y fracturarse la cadera mientras se encontraba cazando elefantes en Botswana. A consecuencia de ello, el Gobierno de España se vio obligado a fletar un avión para repatriarle, saltarse cualquier cosa parecida a una lista de espera e ingresar al jefe del Estado en una clínica privada —siendo el máximo representante de lo público—, para ser intervenido quirúrgicamente.

Pero eso fue lo de menos. El escándalo corrió como un reguero de pólvora: ¿Qué se supone que hacía el rey de España en un safari de lujo, mientras la ciudadanía sufre una de las mayores crisis económicas de la historia? ¿Quién pagó los gastos, cifrados en cerca de 50.000 euros, de esta nueva correría del mandatario? ¿Cómo es posible que, según confesó inicialmente un portavoz del Partido Popular, el Gobierno de España no tuviera ni la menor idea de dónde se encontraba el rey? ¿Quién firmó los reales decretos que efectivamente se firmaron mientras el rey se encontraba fuera del continente? ¿Deja el rey folios firmados en blanco o acaso hay alguna persona autorizada a falsificar la firma del monarca?

Una disculpa de diez segundos no justifica 35 años de derroche y lujo con dinero público

Muchas de estas preguntas resultan “demasiado sinceras” como para que las pueda responder buena parte de los parásitos políticos que a uno y otro lado del espectro ideológico, permanecen acostumbrados a seguir chupando del bote, sonreír y repetir el discurso plausible, vacío y oficial… lo que sea, con tal de no arriesgar la propia poltrona y así “seguir en esto”, a pesar del cada vez más inocultable menoscabo de la decencia y honorabilidad que debería corresponder a una profesión que es la máxima expresión de servicio público: representar la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada pacíficamente en las urnas. Parece sencillo, pero al parecer, se trata de una exigencia ética inasequible para el interés personal de muchas y muchos, de todos los colores —porque el color de la superficie, en política, no siempre permite permite conocer de qué está hecha la persona por dentro—.

Las críticas al rey llovieron desde los sectores más insospechados: el conservador Partido Nacionalista Vasco, por medio de su máximo dirigente —esta vez Urkullu, no solo Anasagasti—, expresó su malestar con una contundencia inusual en las formas a las que nos tiene acostumbrados; por su parte, Izquierda Unida mantuvo su habitual línea de coherencia democrática e ideológica, lanzando todo tipo de diatribas, desde las más diversas instancias, empezando por su coordinador general, Cayo Lara; en el Partido Socialista Obrero Español hubo opiniones para todos los gustos: la militancia de base se posicionaba muy claramente en favor de la República, mientras sus máximos líderes, Rubalcaba y Valenciano, terciaban en favor de mantener el régimen monárquico, aunque señalaron el claro error de la Corona, en el otro lado: el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dijo literalmente que si el monarca no era capaz de cumplir con sus obligaciones, debería pensar en la idea de abdicar, y el secretario general de los socialistas vascos, el Lehendakari Patxi López, también señaló que el rey se había equivocado gravemente.

Y por si todo eso no fuera suficiente, el rey terminó de avivar el fuego en su primera declaración pública tras el desaguisado, al pretender disculparse empleando menos de 140 caracteres, como si fuera un titular pensado para Twitter. ¡Una disculpa de menos de 10 segundos! Por supuesto, a pesar del discurso unánime de los medios de comunicación, la ciudadanía lo tenía claro: una disculpa de 10 segundos no justifica más de 35 años de vergonzoso derroche dinero público.

Una Jefatura de Estado no es un juego de niños, exige seriedad y responsabilidad.

Y es que el coste económico de la monarquía no es el factor más importante a la hora de denunciar el carácter ilegítimo de dicha institución, pero los hechos de estos días han terminado por demostrar la flagrante falsedad de las cuentas publicadas recientemente, según las cuales el rey apenas percibía 150.000 euros en concepto de remuneración. Si “solo” cobra eso al año… ¿cómo es posible que se gaste la tercera parte en menos de una semana? Muy sencillo: todo es mentira. Una mentira que ya va camino de cuatro décadas, y que durará tanto tiempo como la ciudadanía esté dispuesta a consentir. No es casualidad que en España, tanto la primera como la segunda república vinieran en paz y a través de las urnas, ni que ambas cayeran por la fuerza de las armas, a manos de unos pocos intolerantes “alzados” —rebelados— en contra de la voluntad democrática del pueblo.

Y luego, hay que analizar el contenido literal de la disculpa: «Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir». ¿Eso qué clase de disculpa es? La Jefatura de Estado no es un juego de niños. No se trata de decir: «Lo siento, mamá. No lo haré más», cuando te pillan. Las palabras del rey, además de ser de una artificialidad obscena, no solo no reflejan sincero arrepentimiento, sino que en su laconismo, omite señalar a qué se refiere, qué es lo que siente, por qué lo siente, ni qué es lo que no volverá a ocurrir. Pero además, ¿eso es asumir responsabilidades? En un país serio, cuando un mandatario público asume responsabilidades, abandona el cargo que venía ocupando. La Jefatura del Estado no es un juego de niños, o al menos, no debería serlo. En política, la ciudadanía puede perdonar cualquier cosa, excepto la falta de seriedad.

Señalar además, cuál ha sido el contexto en el que han ocurrido todos estos hechos: en la semana del 14 de abril —efemérides en la que este año se conmemora el 81.º aniversario de la pacífica y democrática proclamación de la Segunda República Española, posteriormente depuesta por las armas, por el militar traidor que más tarde designó sucesor al ciudadano Juan Carlos Borbón—. Una semana en la que además, la monarquía ha estado en el centro de la atención mediática debido al accidente sufrido por el ciudadano Felipe Juan Froilán de Todos los Santos Marichalar Borbón, quien —a pesar de contar solo con 13 años y por tanto, carecer de autorización legal para ello—, se encontraba manipulando un arma de fuego cuando accidentalmente se disparó a su propio pie, en presencia de su padre —quien ya fuera apartado de la Familia Real mucho antes, por causa de su estilo de vida—. Un accidente, el de Froilán, que trajo a la memoria colectiva otro muy anterior, cuando también en plena Semana Santa, el ahora rey dio muerte —accidentalmente— a su hermano, menor de edad, mientras se encontraba manipulando un arma en las inmediaciones de su domicilio en Estoril (Portugal).

En fin, muchos hechos que invitan a la reflexión, concentrados en muy pocos días. Al hilo de todo eso, tan solo dos frases, una anónima: «El hambre hace que la gente se ponga a pensar» y la otra de Voltaire: «Si los pobres empiezan a razonar, todo estará perdido».

¡Salud y República! ¡Viva la democracia! ¡Viva España... contra nadie!

Jaume d'Urgell ∴
jaume@durgell.com
Opinión expresada a título personal

Hontza ayuda a personas sin hogar y con problemas de adicción a las drogas

Jaume d'Urgell — Tue, 20 Mar 2012 19:30:00 +0100

SOLIDARIDAD. «No resulta fácil conseguir dinero para apoyar a un colectivo tildado de vicioso». El Centro Hontza apoya a las personas en situación de mayor exclusión, sin recursos y víctimas de diversas toxicomanías.

Cada noche, el centro Hontza de Bilbao se abre a los invisibles, a quienes la exclusión ha dejado en la cuneta de nuestra sociedad. A partir de la doce, tras recorrer la ciudad mendigando o trapicheando, buscando lo necesario para sobrevivir y, posiblemente, satisfacer alguna adicción, se acercan hasta este local de Cáritas donde encuentran café, calor y ningún reproche. El año pasado sus responsables pusieron en marcha un proyecto de talleres que pretendía reforzar la oferta anterior y que incluía juegos de mesa y formación sobre recursos sociosanitarios y de autoestima a través de cursillos de maquillaje. «Eran la excusa para acercarnos más a esas personas y conocer sus necesidades», confiesa Sonia Costillas, coordinadora diurna de la entidad.

La iniciativa recibió una mención en la tercera convocatoria de ‘País Vasco, un alma solidaria’, el concurso de ayudas al Tercer Sector promovido por EL CORREO con el patrocinio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y la colaboración de BBK. Según explican, no abundan los reconocimientos. «Apoyamos a un colectivo tildado de vicioso, así que no es fácil conseguir financiación, al menos de carácter privado».

Su trabajo se dirige a elaborar nuevas propuestas que atraigan el interés de los usuarios. En cualquier caso, no resulta fácil saber de ellos y sus problemas. Acuden, pero no permanecen demasiado tiempo porque sus consumos exigen una satisfacción periódica. La mayoría se esfuerza por conseguir un lugar donde protegerse y descansar durante la noche, tal vez en el perímetro de una obra, una casa ocupada o un coche, y apenas se desplazan para hacerse una cura, conseguir mudas o ducharse. «Estar más tiempo con nosotros reduce riesgos y daños», advierte la técnico.

La mayoría ronda los 40 años y vivió el ‘boom’ de la heroína en los 80, aunque abunda la politoxicomanía y otras conductas adictivas, con el alcoholismo como tendencia general subyacente. Una quinta parte son mujeres que practican la prostitución y sufren la explotación de proxenetas. Muchos han roto voluntariamente sus lazos familiares. Otros han acabado con la paciencia de los suyos y aquéllos que padecen enfermedades mentales sufren frecuentemente la soledad más desnuda.

Los usuarios de Hontza se hallan en una situación muy vulnerable, sobre todo en lo que respecta a su salud. «Necesitan hablar y desahogarse. Les atendemos y proporcionamos lo más parecido a un hogar, un ámbito donde no tienen que permanecer a la defensiva, como en el resto del día», explica Costillas. «A pesar de su situación, es increíble su espíritu positivo, sus ganas de vivir y sus sueños».

Que coman y duerman, que se sientan mejor y adquieran fuerzas para hacer algo más, siempre a partir de su propia decisión, son los objetivos graduales de un equipo profesional respaldado por voluntarios que, aunque se plantea la rehabilitación como horizonte, es consciente de las grandes dificultades. «Les respetamos», señala Matxalen Somoza, responsable de trastornos adictivos de Cáritas. «Percibimos la persona, no el problema», apunta, y añade que esta labor está vinculada a la naturaleza de la organización. «No somos una ONG, sino Iglesia en acción, una comunidad cristiana que quiere llevar a la práctica el ejercicio de la caridad tal y como enseña el Evangelio, lo que le confiere unas características propias. Atendemos a las personas, pero también prestamos un servicio a la comunicad, sensibilizamos y participamos en la formación de los jóvenes mediante la posibilidad de hacer prácticas con nosotros».

La lucha contra el estereotipo es otro de sus fines. «Se mantiene la imagen del sujeto tirado y abandonado a su suerte, pero cuando llegan menos ‘puestos’ es posible conversar», aduce. Ella diferencia entre aquéllos cuyo estado mental ha experimentado un fuerte deterioro y quienes mantienen sus capacidades e, incluso, pueden extraer hondas reflexiones de vivencias intensas. A menudo, los beneficiarios provienen de entornos duros y enfermedades psiquiátricas que han condicionado su trayectoria.

La crisis afecta incluso a quienes nada poseen. Un proyecto residencial de Cáritas destinado a este colectivo ha perdido su financiación y el recorte de ayudas complica su acceso a pisos de reinserción. «Se están ralentizando los procesos», lamenta Costillas. Es difícil hallar fuentes de financiación para los que más las precisan. «A los más excluidos les llegan con cuentagotas porque son menos vendibles. Los prejuicios siguen pesando».

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Más información: Centro Hontza / Cáritas Bizkaia.
Autor (periodista): Gerardo Elorriaga (EL CORREO, Bilbao).
Fuente del texto: El Correo Digital / ADITU.
Fuente de las imágenes: Euskal Telebista / EiTB.

Manifiesto del PSOE con ocasión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Jaume d'Urgell — Thu, 08 Mar 2012 13:10:00 +0100

Defendiendo los derechos de las mujeres. Manifiesto del PSOE con ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de Mujer Trabajadora.

Uno de los cambios más importantes que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas ha sido la evolución de la situación de las mujeres y el avance de la igualdad, un hecho que ha situado a España en la vanguardia europea y ha formado parte fundamental de nuestra modernización como país. Hoy las mujeres tienen una mayor presencia en la vida económica, social y política, gracias un esfuerzo individual y colectivo, que ha sido compartido por la sociedad y acompañado por las políticas desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas.

En los últimos años hemos visto avanzar la legislación sobre igualdad. La ley de protección integral contra la violencia de género, la ley para la igualdad, la ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE, han estado acompañadas de importantes avances en derechos sociales plasmados en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y en el impulso de Planes, programas y recursos de atención integral a las mujeres. Las políticas de atención social y rentas para combatir la pobreza han tenido como destinatarias a las mujeres, principales víctimas de la exclusión social. El incremento de las pensiones mínimas ha mejorado la calidad de vida de muchas mujeres mayores.

En definitiva, el avance en derechos individuales y el desarrollo del Estado del Bienestar han acompañado a las mujeres y los hombres de este país en su proyecto vital.

Sin embargo este 8 de marzo de 2012, por primera vez desde hace años, no podemos conmemorar esta fecha con avances en el camino hacia la igualdad real y efectiva. Este 8 de marzo nos enfrentamos a una batalla ideológica de los Gobiernos del PP contra los derechos de las mujeres.

Un batalla que se concreta en el anuncio de la eliminación del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva y en el ataque frontal que supone el real decreto ley de medidas para la reforma del mercado laboral. Una batalla que cada día sufren miles de familias con los recortes del Estado del Bienestar, en educación, en salud y en el cuidado de personas dependientes.

Este día 8 de marzo es especialmente doloroso porque el Gobierno lleva al Parlamento una reforma del mercado laboral que expulsa a las mujeres del empleo puesto que:

— Elimina el derecho a la conciliación de todos los trabajadores y trabajadoras al permitir organizar la jornada, los turnos y los tiempos de trabajo solamente en función de las necesidades económicas, organizativas y de la producción, sin tener en cuenta las necesidades de atención y cuidado de las familias.

— Da prioridad a los convenios de empresa frente a los convenios estatales o autonómicos, y lo hace expresamente en el caso de medidas que afectan al tiempo de trabajo y a la conciliación.

— Permite a las empresas obligar a hacer horas extraordinarias en los supuestos de contratos a tiempo parcial e impide a los trabajadores y trabajadoras organizar sus tiempos en casos de reducción de jornada por cuidados e incluso por lactancia. Aplica la flexibilidad solo para las empresas mientras elimina derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

— Reducirá el salario de las mujeres, puesto que permite hacerlo por razones de competitividad y productividad, y no olvidemos que las mujeres tienen salarios más bajos y están en situación de mayor vulnerabilidad en el empleo.

Son las mujeres quienes se siguen ocupando en mayor medida de la atención a las personas en situación de dependencia y de los niños y niñas, y por lo tanto sufrirán con mayor intensidad las consecuencias de esta reforma.

En definitiva es una reforma muy peligrosa para las mujeres a las que, en algunos casos expulsará del empleo ante la imposibilidad de conciliar su vida familiar y laboral, y, en otros, mantendrá en situación de precariedad al eliminar el marco de desarrollo de las medidas y planes de igualdad.

Es una reforma peligrosa para toda la sociedad porque además de ser injusta, ineficaz y discriminatoria, desaprovecha el enorme potencial que supone contar con las capacidades de la mitad de la población y sus posibilidades de participar en el crecimiento económico y social que sigue demandando nuestra sociedad y requiere nuestro país.

Una vez más la derecha, ante una situación de crisis, expulsa a las mujeres de la actividad económica y con ello de la actividad social. Una vez más pretende sustituir los derechos sociales del Estado del Bienestar por la doble y triple jornada de las mujeres para que sean ellas quienes se ocupen en exclusiva de la atención y el cuidado.

Una vez más los socialistas y las socialistas, junto a amplios sectores progresistas de nuestra sociedad, nos comprometemos en la defensa del derecho a la igualdad y la libertad de las mujeres y los hombres de nuestro país, por eso hoy denunciamos las intenciones ocultas y explícitas de esta reforma laboral, exigimos que se mantenga el derecho de las mujeres a decidir, que se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, que se mantengan los derechos de las personas en situación de dependencia. Reclamamos que se busquen soluciones diferentes a las que está tomando la derecha, que no son otras que recortar los derechos del Estado del Bienestar y hacer pagar la crisis a quienes más necesitan de esos derechos, que es la mayoría de la población y la inmensa mayoría de las mujeres.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Secretario de Formación (Comité Local)
Agrupación Socialista “Tomás Meabe” de Bilbao
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

Israel y Palestina

Jaume d'Urgell — Tue, 28 Feb 2012 08:15:00 +0100

Posición común del Instituto Maddi~Sugaar para la defensa de los Derechos Humanos, en relación al conflicto entre Israel y Palestina, adoptada el 28 de febrero de 2012, con la participación del Equipo de Administración de la página de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Facebook y de la cuenta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Twitter.

1. Afirmamos que tanto Palestina como Israel tienen derecho a existir.

2. Compartimos todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre Oriente Próximo.

3. Condenamos, lamentamos y denunciamos toda expresión de violencia.

4. Recordamos y respetamos a todas las víctimas de la violencia.

5. Condenamos cualquier violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

6. Pensamos que el futuro está en la convivencia intercultural, en un contexto de paz y seguridad, con pleno respeto a las instituciones democráticas de las que libremente se dote la ciudadanía.

7. Defendemos el respeto a la libertad de conciencia —individual y colectiva—, procurando evitar cualquier injerencia de organizaciones antidemocráticas en la gestión de las instituciones democráticas, a fin de evitar estériles confrontaciones ancestrales, que de ningún modo deben condicionar la consecución de un futuro de pacífica, segura y estable convivencia intercultural.

8. Condenamos cualquier discurso encaminado a propagar el odio.

9. Exigimos el cese de toda forma de violencia, incluyendo: cualquier tipo de atentado terrorista; el cierre y/o el bloqueo de fronteras terrestres, aéreas y marítimas; la construcción de murallas; la utilización abusiva de controles militares; cualquier tipo de bombardeo de la población civil; la construcción unilateral de nuevos asentamientos; cualquier política de hechos consumados; la deportación y prohibición de regreso de la población civil; el veto a la creación de instituciones nacionales de una u otra nación; y cualquier tipo de profanación u ofensa entre las partes.

10. La guerra es la causa y el efecto de la violación sistemática de los Derechos Humanos.

11. Es necesario respetar de inmediato la legislación internacional en materia bélica y humanitaria.

12. Exhortamos a trabajar por la paz desde el respeto a la diversidad y a la legitimidad ajena.

13. Pedimos una reflexión acerca del sinnúmero de elementos étnicos, históricos, culturales, filosóficos y religiosos comunes a ambas sociedades, cuyas mayorías realmente no se odian.

14. Es necesario debatir y negociar, escuchar y proponer, hasta consolidar la paz con justicia.

15. Nos proponemos hacer cultura de paz, pedagogía democrática y alentar el civismo y la empatía.

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Eddie Abramovich, Buenos Aires (Argentina)
Daniel Andrade, Ciudad de México (México)
Carlos Braverman, Tel Aviv (Israel)
María Claudia Cambi, Valencia (España)
Norma Curbelo, Montevideo (Uruguay)
Aarón García Peña, Madrid (España)
Demetrio Gómez, Valencia (España)
Saro Hernández González, Las Palmas de Gran Canaria (España)
Mari Mar Molpeceres, Burgos (España)
Juanjo Moreno, Ciudad Real (España)
Eliseo Ocaña García, Recas, Toledo (España)
Tita Redondo, El Ferrol (España)
Ismael Rodrigo, Valladolid (España)
Andrés Stisman, San Miguel de Tucumán (Argentina)
Jaume d'Urgell, Bilbao (España)

Entrevista en «Diario La Cámara»

Jaume d'Urgell — Wed, 01 Feb 2012 16:43:00 +0100

Mañana comienza el 38 Congreso del Partido Socialista Obrero Español y hoy nos acompaña en La Cámara Jaume d'Urgell, socialista con una amplia y conocida actividad política, es un firme defensor de los Derechos Humanos y busca de forma activa la promulgación de la República. Hablamos con él del Congreso Federal del PSOE, de las funciones de este partido en la oposición, del Concordato con el Vaticano, de los derechos recortados en España, de cultura y de la tregua de ETA.

Fuente original: Diario LA CÁMARA.

“Las líneas rojas están muy claras: velar por la defensa de las garantías constitucionales y de la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como pilares de la convivencia de nuestra sociedad”.

¿Cuál cree que debe ser la prioridad ahora de los políticos?

Como refleja nuestro texto constitucional, los partidos políticos no solo están para gestionar las instituciones del Estado en función de la representación electoral de la voluntad de la ciudadanía, sino que su función es también la de ayudar a crear la opinión pública. No es posible desear lo que no se conoce, y especialmente en este momento y —en este lugar— es preciso hacer mucha pedagogía democrática. Nuestra prioridad ahora es escuchar con respeto y aprender y enseñar con humildad, para recuperar espacios de decisión pública que se nos han ido restando, ya no por las armas, sino a través de decisiones macroeconómicas que por momentos parecen insuperables, pero que nunca pueden estar por encima de la capacidad decisoria de la soberanía nacional —que reside en el pueblo— y el interés público.

¿Qué papel debe tener el PSOE desde la oposición?

“Haremos la oposición que España necesita y que el PP no supo o no quiso hacer”

En esta nueva etapa, el PSOE debe asumir su función de oposición: debemos fiscalizar la acción del Ejecutivo, impedir excesos y asegurar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Esta responsabilidad, que ya de por sí es muy importante y que no solo compete al principal partido de la oposición, cobra un valor especial cuando el grupo parlamentario que apoya al gobierno desde el legislativo dispone de una mayoría absoluta que le permite afrontar la legislatura con una relativa comodidad y autonomía —como es el caso—. Será preciso llevar a cabo una oposición leal al país y constructiva en cuanto a propuestas políticas, pero férrea y exhaustiva en lo tocante al control del Ejecutivo. Haremos la oposición que España necesita y que el Partido Popular no supo o no quiso hacer.

Parece necesario marcar líneas rojas que no se puedan violar por el Gobierno del PP ¿Qué líneas rojas marcaría?

“Si los calendarios solo van hacia adelante, nuestra sociedad no debería ir hacia atrás”

Las líneas rojas están muy claras y vienen determinadas por el respeto a las libertades públicas y garantías constitucionales que disponen de amparo constitucional, así como en la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pilares en los que se fundamenta el Estado del Bienestar, social, de derecho, constitucional y democrático por el que convive nuestra sociedad. En esencia: no podemos renunciar a los derechos adquiridos por la ciudadanía española, largamente deseados y que gozan de plena consolidación, como el derecho de reunión y asociación, la libertad de prensa y expresión, libertad sindical, de cátedra, de empresa, de dignidad de la persona, del secreto de comunicaciones, de la inviolabilidad del domicilio, del subsidio en caso de desempleo, de huelga, de negociación colectiva, de pensiones y jubilaciones, de una Educación y una Sanidad Pública universal, gratuita (incluida en los impuestos) y de calidad, etc. Si los calendarios solo van hacia adelante, nuestra sociedad no debería ir hacia atrás: no podemos retroceder en derechos.

¿Qué derechos cree que puede atacar el Partido Popular?

Según se desprende de su programa electoral, cabe suponer que el Partido Popular atacará en primer lugar las leyes que hicieron posible la creación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la legislación de Igualdad, los programas de prevención para luchar contra el VIH / SIDA, los derechos relacionados con el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legislación migratoria y de extranjería, las políticas de preservación del patrimonio cultural de España (exceptuando el de lengua castellana), la legislación sobre Memoria Histórica, las leyes sobre Salud Sexual y Reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, etc.

¿Cree que va a haber un desinterés por la cultura en este Gobierno?

“El PP privatizará la iniciativa pública en materia de promoción artística y cultural”

Sin duda, la eclosión de una verdadera Cultura libre, siempre ha sido uno de los principales temores de la derecha. Espero una brusca reducción del presupuesto destinado al sostenimiento de las bibliotecas públicas e instituciones culturales, e incluso quizá la supresión de las ayudas públicas a la producción cinematográfica y audio-visual, más allá de los sectores más próximos al propio Partido Popular, o que resulten útiles para sus políticas de centralismo gubernativo y privatización de la iniciativa pública en materia de promoción artística y cultural. Eso, por no hablar de la legislación sobre control de telecomunicaciones. Quienes protestaban por la mal llamada «Ley Sinde», descubrirán ahora qué cosas venía votando el Partido Popular en el Parlamento Europeo.

Si finalmente las medidas son un recorte muy grande de derechos ¿Se deberían impulsar acciones desde la calle?

Allí donde existe una injusticia, prende la espita de la indignación. No me cabe la menor duda de que habrá protestas, ni de que éstas serán siempre pacíficas. El Movimiento 15-M, iniciativas asamblearias como Democracia Real Ya, movimientos como los de Okupación y/o Coordinadoras Antifascistas han hecho gala de un altísimo nivel de responsabilidad y aguante. Es de reseñar su apuesta por la no-violencia, incluso cuando fueron el blanco de todo tipo de ataques por parte de la ultra-derecha e injustamente criminalizados por los grandes medios de comunicación. Pero por desgracia, estoy seguro de que en los próximos meses asistiremos a episodios de represión que nos transportarán a otras épocas y otros lugares. Se avecinan años calentitos, y la represión es la marca de la casa de la derecha española, francesa, italiana, británica, argentina y mundial.

Recientemente ha surgido una polémica por diferentes declaraciones hechas desde la Iglesia sobre los homosexuales y las mujeres. ¿Están estas opiniones dentro del respeto necesario en un sistema democrático?

Es lo que hay: hoy es el prelado de Tarragona; ayer fue el Sumo Pontífice; anteayer el de Málaga... con el tiempo, uno se acostumbra a deslindar las opiniones personales de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, de las ideas que realmente conforman el sentir general de la feligresía. En cualquier caso, mi posición es de máximo respeto hacia los sentimientos religiosos y no-religiosos de todo el mundo, y asimismo: exigencia de respeto hacia las leyes del Estado de Derecho, también para absolutamente todo el mundo, con independencia de cómo ejerza su libertad de conciencia en el ámbito de su intimidad personal. Tal como yo lo veo: quienes se erigen en garantes de la moral pública, deben evitar incurrir en todo tipo de discurso de odio, ya sea contra la mujer, contra las instituciones públicas o contra minorías étnicas, sexuales o lingüísticas de toda condición. A todas y todos, ante todo: ¡Respeto!

¿Debería romperse el Concordato con el Vaticano o modificar alguno de los acuerdos que lo componen?

“El Estado de la Ciudad del Vaticano no debería gozar reconocimiento como Alta Parte en la Comunidad Internacional”

Desde mi opinión personal: el Estado de la Ciudad del Vaticano no debería gozar reconocimiento como Alta Parte en la Comunidad Internacional: no ha ratificado la Carta de las Naciones Unidas, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni buena parte de la legislación común en materia de Derechos y Libertades Públicas, lucha contra el terrorismo, blanqueo de capitales, etc. Su estructura es totalmente antidemocrática, estamos en presencia de una sociedad que relega a la mujer a un papel testimonial, sin una población civil realmente estándar... comprenda que desde tal perspectiva, no veo lógico el sostenimiento de un pacto bilateral entre nuestra nación y otra que —en conciencia— pienso que existe solo de acuerdo a un masivo fraude de ley, un anacronismo contrario a Derecho. Por no hablar de las fechas y formas en las que se redactó y aprobó el actual Concordato. Personalmente: trabajaré para que dicho pacto internacional sea denunciado y suspendido, cuanto antes.

Aunque es más importante hablar de ideas que de candidatos ¿Tiene una preferencia de candidato para el 38 Congreso del PSOE?

“Reconozco con orgullo mi especial afecto hacia la
pre-candidatura
que encabeza
Carme Chacón”

Es necesario apostar por un escenario de renovación. Hay que abrir los núcleos de decisión a la militancia-de-a-pié, y aún más: es preciso abrir el partido a la sociedad, de lo contrario, se enrarece la identidad y el propósito mismo con el que se fundó el PSOE, y podríamos terminar siendo una organización ensimismada, cooptada y alejada del cumplimiento real de los fines declarados. Además: hemos de ser conscientes de la época en la que vivimos. Me consta que Pablo Iglesias hizo uso de todos los medios tecnológicos puestos a su alcance en aquel momento, y eso me lleva a pensar que hoy haría lo mismo, pero con los medios de los que ahora disponemos: las tecnologías de la información y la comunicación (sin descuidar la cercanía física y la proximidad a los centros de trabajo, como se hacía antaño —y como nunca debió dejar de hacerse—). Reconozco con orgullo mi especial afecto a la pre-candidatura que encabeza Carme Chacón, pero he de confesar que tampoco me importaría que ganaran Antonio Quero, Alfredo Pérez Rubalcaba o cualquier otra u otro militante. De lo que se trata es de unir nuestras fuerzas para convertir España en la mejor versión de sí misma. Los nombres son algo secundario. Importa el bienestar de la ciudadanía... reducir las injusticias y preocupaciones que atenazan a toda la sociedad y que se ciernen de un modo especialmente virulento sobre los estratos sociales más desfavorecidos.

En el ámbito más ideológico ¿Qué debe cambiar el PSOE? ¿Cuáles considera que deben ser los referentes ideológicos del PSOE actualmente?

En el PSOE debemos acercarnos más al suelo, de lo contrario, el suelo se nos acercará a toda prisa. Debemos procurar una mayor independencia estratégica del partido respecto de poderes fácticos ajenos a él y que pueden condicionarle de un modo ilegítimo, en especial: debemos librarnos del influjo de las corporaciones empresariales que aglutinan medios de comunicación, nuestra relación con la prensa debe ser honesta y transparente, lo mismo que con la ciudadanía a la que servimos. Es preciso reducir el poder de los 'ejecutivos' desideologizados que lo mismo podrían 'trabajar' en esta o en cualquier otra 'empresa'. Hemos de hacer más por la libertad de expresión, interna y externa. Hemos de aprender de los partidos de países que nos llevan años de ventaja, y por encima de todo: hemos de ser fieles a nuestros principios, sin caer en el extremismo sectario. En fin... demasiados tabúes. Pero no debemos rendirnos, porque allí donde algo no va bien, hay una oportunidad para mejorar.

En la lucha contra la crisis ¿Ve referentes ahora mismo en Europa? ¿Y en otras partes del mundo?

“Un país es una nave muy pesada, gobernar su timón exige temple, cautela, responsabilidad y prudencia”

El conocimiento se encuentra en todas partes, pero no debemos olvidar que cada cual mira por su propia casa y que España es España y otros países son otros países. No se puede pretender importar 'tal cual' decisiones y propuestas políticas nacidas en y para contextos sociales, económicos, políticos e históricos distintos de los de España. Hay que mirar al exterior, debemos comparar, pero debe ser una mirada crítica, consciente de nuestra propia situación y sin dar bandazos. Un país es una nave muy pesada, gobernar su timón exige temple, cautela, responsabilidad y prudencia. Cada pequeña mala decisión implica mucho sufrimiento para muchas personas inocentes. Ojalá pudiera tomar, sin más, el laicismo de Francia, la separación de poderes Inglesa, la eficacia judicial islandesa o la organización federal alemana... pero en la vida real, las cosas no son así. Nuestra primera obligación es no olvidar jamás, ni por un instante, el sufrimiento de las personas más desfavorecidas, porque esa es la brújula del PSOE.

¿Qué opinión le merece el “alto el fuego de ETA”?

Solo tengo palabras de reconocimiento y gratitud hacia todas las personas que de un modo u otro han aportado su talento, firmeza, valentía, arrojo e imaginación, para conseguir el actual estado de cosas. Empezando por las víctimas y sus familias, y siguiendo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Judicatura, el Legislativo, la clase política en pleno —sin distinciones alguna —, y en especial: la trayectoria de los Ejecutivos que han culminado esta última fase desde los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Patxi López, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho Vizcaíno, José Antonio Alonso y Rodolfo Ares. Confío en que desde el Gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy y con ayuda de su ministro Jorge Fernández Díaz, la situación se consolide y avance hacia una paz justa, estable y definitiva. Es mi mayor deseo.

¿Cree que es definitivo? ¿Qué se le debe exigir ahora a la banda terrorista?

“ETA no es un actor político legítimo,
nunca lo fue”

Mi deseo y el de inmensa mayoría de la ciudadanía española es que la etapa del miedo desaparezca cuanto antes de nuestras vidas. A Euskati Ta Askatasuna y a cualquier otra organización terrorista solo se le puede exigir que se disuelva cuanto antes y para siempre. No es un actor político legítimo, nunca lo fue. Una proporción cuasi unánime de su pretendida representada (la sociedad vasca) siempre sintió rechazo y vergüenza hacia sus métodos violentos. La consecución del bien no puede lograrse a través del mal. La sociedad vasca —como cualquier otra sociedad, en democracia— puede hacer uso de vías pacíficas para encauzar cualquier propuesta política, sea la que fuere, a partir de ahí: la voluntad del pueblo es quien tiene la última palabra, pero siempre sin armas, sin miedo, ni presiones o amenazas de ningún tipo. Allí donde habita el miedo, no hay lugar para la libertad.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Secretario de Formación (Comité Local)
Agrupación Socialista “Tomás Meabe” de Bilbao
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

El congreso provincial del PSE-EE de Bizkaia aprueba la enmienda por los Derechos Humanos en la Ponencia Marco del 38.º Congreso Federal del PSOE

Jaume d'Urgell — Sat, 21 Jan 2012 16:19:00 +0100

El plenario del congreso provincial del PSE-EE de Bizkaia aprobó hoy sábado —día 21 de enero de 2012—, el texto de la enmienda en favor la establecimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio rector de obligada referencia a la hora de definir todos los posicionamientos estratégicos del partido, en todas sus áreas de actividad, apoyando su elevación como enmienda de adición al párrafo número 84 de la Ponencia Marco que se debatirá en el 38.º Congreso Federal del PSOE.

La propuesta viene a complementar el texto del párrafo 84 de la versión inicial de la Ponencia Marco, cuyo tenor literal reza: «Por ello, es extraordinariamente importante que en los próximos años sigamos reivindicando valores como la paridad, la igualdad de mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de la inmigración a la sociedad española, plasmada en el reconocimiento del voto en las elecciones municipales, el reconocimiento en plena igualdad de cualquier tipo de convivencia matrimonial, la Ley de la Dependencia, la independencia e imparcialidad de los medios de comunicación públicos o la lucha por los derechos del pueblo gitano, e incorporemos nuevas aspiraciones como el derecho a morir dignamente, o el refuerzo de las normas contra cualquier tipo de discriminación a través de una Ley de Igualdad de Trato».

Con la aprobación de esta enmienda de adición, al texto anterior se le añade:

«Conscientes de que una sociedad más justa no puede forjarse sobre la base de la exclusión de ningún colectivo —en especial, de aquellos formados por personas cuyas circunstancias las hacen más vulnerables—, el PSOE reafirma su convicción de que tanto la letra como el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el criterio de referencia que preside la concepción, el desarrollo y la ejecución de todas y cada una de sus estrategias políticas, no solo en materia de Educación, Igualdad o Política Exterior, sino en todos los ámbitos de actividad».

Esta enmienda fue presentada por la Agrupación Socialista “Tomás Meabe”, de Bilbao, a propuesta del secretario de Formación de su Comité Local, Jaume d'Urgell.

Es de reseñar que el Congreso Provincial ha aprobado sus trabajos por unanimidad, y que la inclusión de esta propuesta ya fue votada anteriormente en la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Local “Tomás Meabe” del Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra, convocada al efecto, resultando aprobada también por unanimidad, contando con el decisivo apoyo de la secretaria general Josune Barrena y del resto de la militancia.

La celebración del congreso no ha estado exenta de un marcado carácter autocrítico en su contenido político, pero siempre desde posiciones constructivas y de respeto.

Jaume d'Urgell
jaume@durgell.com
Secretario de Formación (Comité Local)
Agrupación Socialista “Tomás Meabe” de Bilbao
Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

Piden a Ana Mato garantizar la respuesta al SIDA en España

Jaume d'Urgell — Thu, 05 Jan 2012 16:26:00 +0100

Las ONG del sida ante el cambio de gobierno en España piden a Ana Mato garantizar la respuesta al sida en España. Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico sostenido y liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).

¿Qué sucedería si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida? ¿O dejara de tener voluntad política para liderar las responsabilidades adquiridas por el Gobierno español a nivel internacional? Las organizaciones del sida españolas tienen clara la respuesta: se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.

Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través de la existencia de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) que, según ha filtrado la prensa en los últimos días, “parece” que no figura ya en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad.

Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Mutisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan “es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año”.

Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH) afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante –indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. “Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la Ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales”, enfatiza Julio Gómez.

También se pide en la misiva que el Gobierno español cumpla con los acuerdos internacionales y europeos firmados para erradicar la pandemia del VIH, atenderla y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. “España se ha comprometido desde hace años en la respuesta mundial al VIH y debe cumplir porque la vida de millones de personas está en juego” comenta Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB). “Existe el compromiso de redoblar los esfuerzos y cumplir con las necesidades de financiación para el VIH a través de una responsabilidad económica nacional e internacional. Si lo que se pretende es intensificar el esfuerzo dirigido a la prevención y el control del VIH, no sería muy lógico que, tomando como argumento la crisis económica, se produjeran recortes -a nivel nacional, autonómico o local- para la prevención, control y abordaje del VIH” dice Poveda.

Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reúnion con la Ministra en próximas fechas. “Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación”, concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.

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Fuente: Medios y SIDA, 5 de enero de 2012.

El PP suprime la Dirección General del Plan Nacional sobre el SIDA

Jaume d'Urgell — Tue, 03 Jan 2012 20:18:00 +0100

A la vista de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, acerca de la composición de la estructura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: por el momento, la Dirección General del Plan Nacional sobre el SIDA ha desaparecido. Cabe la posibilidad de que sus competencias se distribuyan entre otros órganos o que simplemente se reduzca su relevancia institucional (que deje de ser una Dirección General).

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado la estructura orgánica básica de los nuevos departamentos ministeriales en el Boletín Oficial del Estado, lo que permite conocer tanto el organigrama como la composición nominal de la nueva estructura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encabezado por Ana Mato Adrover (Madrid, 1959). Dicho ministerio contará únicamente con una Secretaría de Estado (de Servicios Sociales e Igualdad), cuyo titular será Juan Manuel Moreno Bonilla, al que acompañarán dos subsecretarias de Estado: María Jesús Fraile, que se responsabilizará de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Secretaría General de Sanidad (con rango de subsecretaría), que tendrá al frente a Pilar Farjas.

Mientras que Fraile solo contará con una Secretaría General Técnica bajo su mando, de la Secretaría General de Sanidad que dirige Farjas dependerán tres direcciones generales, una menos que en la anterior legislatura. En concreto, serán la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Ordenación Profesional. En este sentido, destaca que Farmacia y la Agencia de Calidad del SNS dejen de tener direcciones generales propias, mientras que ya no aparecen Cohesión del SNS y Alta Inspección ni el Plan Nacional sobre el SIDA, que directamente no figura en el esquema publicado por Hacienda.

También, tras varios años de altibajos, Consumo se integra dentro de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que pasará a llamarse Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (que cuenta con un rango mayor que Sanidad) contará asimismo con cuatro direcciones generales, una más que Sanidad, entre las que se incluyen Igualdad y Oportunidades, Servicios para la Familia y la Infancia, Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (con rango de dirección general).

A la vista de esta información —a menos que se subsane la omisión o se corrija la decisión política—, el Gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy ha suprimido la Dirección General del Plan Nacional sobre el SIDA, lo que supone el primer paso para reproducir a escala nacional las políticas de invisibilización y paulatina supresión de ayudas públicas a las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, información sobre salud sexual y reproductiva, tratamiento y dignificación de las personas que conviven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Esta política de recorte generalizado ya se viene ejecutando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid —presidida por Esperanza Aguirre (PP)—, cuyas consecuencias para la SALUD PÚBLICA suponen una amenaza que no se limita a las personas seropositivas, sino que alcanza a toda la sociedad.

El Plan Nacional sobre el SIDA NO DEBE DESAPARECER, ni reducirse: ni estructuralmente, ni a nivel presupuestario. Hoy más que nunca, las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad a la hora de potenciar campañas de prevención, información, concienciación, prueba anónima y gratuita, supervisión y coordinación epidemiológica, con ayuda de todos los agentes implicados y facilitando la colaboración internacional en materia de investigación y respuesta.

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Fuentes: Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2011 y Redacción Médica de 2 de enero de 2012.

Discurso de María Teresa Laespada en defensa de la Institución del Ararteko

Jaume d'Urgell — Fri, 23 Dec 2011 13:31:00 +0100

Discurso de la diputada autonómica vasca María Teresa Laespada Martínez, pronunciado en la trigésimo sexta sesión plenaria del Parlamento Vasco de 2011, celebrada el jueves, día 22 de diciembre, en defensa de la proposición no de ley de declaración institucional de apoyo al Ararteko (la Defensoría del Pueblo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca).

Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde su aparición en Suecia en 1809 la figura de la Defensoría del Pueblo Ombudsman, se ha configurado como una de las instituciones más sólidas de los sistemas democráticos.

Precisamente, su existencia se exige como requisito de homologación democrática como sucede en este momento con la candidatura de Turquía para su ingreso en la Unión Europea.

Porque es uno de los elementos centrales de un sistema democrático, la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos los ciudadanos y para ello, los defensores del pueblo se configuran en primerísima instancia como los garantes de estos derechos ante los abusos que pudieran cometer las administraciones públicas. Pero no solo.

Los sistemas democráticos son un complejo entramado de poderes y contrapoderes. Un sistema institucional complicado con intereses e incluso derechos contrapuestos que exigen un sutil ejercicio de equilibrado de derechos y las defensorías del pueblo adquieren también el papel de garante de los Derechos Humanos de todas las personas, impulsando el rigor en su salvaguarda desde la propia posición de proximidad a la ciudadanía y frente a las negligencias o excesos de poder que la propia Administración pública pudiera provocar.

En una sociedad democrática como la nuestra, se producen espacios en los que el ejercicio de los derechos y libertades para sectores importantes de la población no deja de ser una aspiración difícil de conquistar y para ello las defensorías del pueblo se han convertido en los garantes y salvaguardas de estos derechos, especialmente las defensorías del sur de Europa algo más alejadas del diseño del Ombudsman sueco.

Bien, justamente porque los padres de la Constitución española entendieron muy bien la figura del Defensor del Pueblo como garantía de calidad democrática se recogió su figura en el artículo 54 de la Constitución y posteriormente, también lo hicieron los legisladores en algunos de los estatutos de autonomía de las distintas comunidades, aunque no en todos los estatutos.

Sí lo hace el caso del Estatuto de Gernika en su artículo 15 del cual emanó posteriormente una regulación legislativa a través de la Ley del Ararteko del año 1985 de 27 de febrero.

El Castilla-La Mancha recomienda con fuerza la existencia del Ombudsman o defensores de los diversos niveles de la Administración. El Consejo de Poderes Regionales y Locales recomienda en su informe del 2010 de forma categórica y clara la existencia de Ombudsman regionales y locales para garantizar los Derechos Humanos en los primeros escalones de la democracia.

La asamblea parlamentaria del consejo preparó en mayo del 2011 una moción previa a una recomendación haciendo un balance del trabajo de los defensores en Europa con ejemplos de buenas prácticas con la finalidad de fortalecer su estatus en Europa.

Precisamente, por las amenazas que se están cerniendo sobre los defensores como ha significado la Ley Presupuestaria de 2010 que conllevaba la desaparición de los defensores locales en Italia y aquí en España parece que esta corriente, que bajo el paraguas de la crisis económica se recortan algunos servicios de la defensa de los derechos de la ciudadanía ha revuelto algunas aguas que estaban quietas.

Recientemente hemos conocido la intención de algunas comunidades gobernadas por el PP de suprimir la figura del Defensor del Pueblo autonómico, al entender que su propia existencia implica una duplicidad de funciones dada la existencia del Defensor del Pueblo a nivel estatal y dada la situación económica actual.

Así, en Castilla-La Mancha ya se ha hecho efectiva su supresión de la Defensoría, justamente con este argumento. En Navarra y en Asturias han existido peticiones similares que de momento no han prosperado y algunas defensorías sí han visto reducido a tal grado su aportación presupuestaria que además de tener que reducir de forma drástica sus recursos humanos, van a tener serias dificultades han prosperado, y algunas defensorías sí han visto reducido a tal grado su aportación presupuestaria, que además de tener que reducir de forma drástica sus recursos humanos, van a tener serias dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía y garantizar así los derechos y libertades de las mismas.

La argumentación para tales peticiones se sustenta difícilmente en datos reales, y tienen aspectos más a decisiones de calado político o efectistas, que de verdadera argumentación sólida.

Qué casualidad, son aquellas comunidades en las que la Defensoría la ostentaba alguna persona, con no cercanía ideológica al PP, las que en primer lugar han dado el cerrojazo o han cuestionado su viabilidad.

La cuantía económica que se destinaba, por ejemplo, a la Defensoría de Castilla-La Mancha era poco más de 2 millones de euros, teniendo en cuenta que tiene una población de poco más de 2 millones de persona, supone una aportación de 1 euro per capita. Ciertamente irrisorio para el servicio que presta, garantizando las libertades y la defensa de la ciudadanía en el cumplimiento de sus derechos ante la Administración.

El otro argumento, la supuesta duplicidad de funciones con el Defensor del Pueblo, tampoco tiene mucho recorrido. Fíjense señorías, existe una Ley por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y figuras similares de las distintas comunidades autónomas.

La Ley es concretamente, la Ley 36 de 1985 de 6 de noviembre, de forma que establece los principios básicos de coordinación y cooperación entre las distintas defensorías. De tal modo que se articula un razonable ejercicio de fluidez en la información y traspase de expedientes o quejas, de forma que no existe posibilidad alguna de duplicidad entre el Defensor del Pueblo y cualquier defensoría autonómica.

Cierto es que cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una queja de cualquier Administración ante cualquier defensor. Sin embargo, la coordinación hace que aquellas quejas que se refieren a los ámbitos de actuación autonómicas, sean tramitadas por los defensores de los parlamentos autonómicos, y las quejas de la Administración Central se plantean ante la Defensoría del Pueblo.

La supresión de la figura del Defensor de Castilla-La Mancha, que ya se ha producido, ha provocado una curiosa catarata de dificultades, ya que supone volcar el trabajo de aquella Defensoría en el Defensor del Pueblo y cuatro voy a mencionar.

Primero. Existe un impedimento legal, hasta qué punto pueden trasvasarse los expedientes y quejas tramitadas ante una institución sin vulnerar la necesaria protección a la intimidad de los ciudadanos que han abierto la queja y que han hecho la queja correspondiente. ¿No habría que pedir permiso a todos y cada una de las personas que elevaron una queja ante la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha, para poder trasvasar los expedientes a la Defensoría del Pueblo en Madrid?. Bien.

En segundo lugar. ¿Puede la Defensoría del Pueblo hacerse cargo de esta sobrecarga de trabajo sin aumentar su personal y su presupuesto? Yo creo que el trabajo como la energía ni se crea, ni se destruye, simplemente la quieren mover de sitio.

Dicho de otra manera, el trabajo se traspasa a otro organismo, pero ni desaparece ni se simplifican las tareas porque deberán realizar la misma función que se hacía en la Defensoría de Castilla-La Mancha, lo debería de realizar la Defensoría del Pueblo. Eso sí, con los mismos recursos y sino bajando la calidad y la respuesta optima al ciudadano.

En tercer lugar. Ello obligaría al Defensor del Pueblo a que deba conocer el complejísimo y exhaustivísimo entramado legislativo de todos y cada una de las comunidades en materias transferidas, en los planes, en los programas de intervención, en las políticas que se aplican, especialmente en todo aquello referido a políticas sociales. Y obligaría a un sin fin de viajes permanentes al Defensor del Pueblo para poder intervenir o reunirse con los organismos y administraciones implicadas en cada una de las comunidades autónomas.

Para una mejor eficacia, podría darse la paradoja de tener que crear subdefensorías, o adjuntías, en cada comunidad, así que seguiríamos con el mismo, simplemente que llamándolo de otra manera.

Fíjense ustedes que el propio Ararteko da cuentas de su trabajo a este Parlamento, al menos una vez al año en el Pleno, para presentar su informe anual, y en comisión siempre que se le requiere por su señorías o a petición propia para presentar los distintos informes extraordinarios y recomendaciones generales.

Si solamente ejerciera esta función el Defensor del Pueblo, éste daría cuentas únicamente ante las Cortes Generales, con lo cual se pierde el elemento fundamental de eficacia, de control de la institución. La denuncia, información que se lleva ante nuestra Cámara que controla al Gobierno, que dirige la Administración, es decir, nuestro Parlamento perdería la función. Es decir, no sirven los argumentos esgrimidos para su supresión, no existen duplicidades, no existe ineficiencia, no hay razón presupuestaria que justifique la eliminación de una figura tan democráticamente impecable y legitimada por la ciudadanía, que no sea porque, quien ha suprimido esta figura en realidad es que les importa bien poco los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Precisamente por ello, los Socialistas Vascos hemos traído esta iniciativa al Parlamento, creemos que no es sólo un eficaz instrumento de control y defensa de los intereses de los ciudadanos, sino que es un verdadero aliado a la hora de hacer efectivo los derechos y especialmente de los sectores más vulnerables, justamente de aquellas personas que más sufren el envite de la crisis económica.

El Ararteko desde su creación ha conseguido mantener una línea limpia y transparente de independencia e imparcialidad. Más allá de fines partidistas. Y ante las distintas interpretaciones posibles de la ley la premisa básica ha sido la de resolverá a favor del ciudadano. Estando esta por definición mucho más desprotegido que la administración.

Esto ha ido reforzando entre la ciudadanía la legitimidad de la autoridad del Ararteko para las resoluciones dadas a las quejas presentadas. Y su autoridad se ha ido reforzando día a día. Como consecuencia del buen trabajo que han desarrollado sus distintos titulares. Hago un pequeño homenaje a Juan San Martín ya fallecido, a Xabier Markiegi, a Mertxe Agundez, nuestra parlamentaria y a su actual titular Iñigo Lamarka.

Pero es más, no sólo han tenido intervenciones exquisitas en la tramitación de quejas a la ciudadanía, sino que también desde sus inicios el Ararteko tomó una línea básica de trabajo en la defensa de los Derechos Humanos. Y por eso se centró en aquellos colectivos más vulnerables. Aquellos colectivos cuyas características sociales les situaban en posiciones de mayor debilidad frente a los criterios de equidad que debe regir en toda prestación de servicios públicos de la Administración.

Por ello ha seguido con sumo cuidado el trabajo de la Administración en colectivos de todo tipo, mujeres, inmigrantes, adolescencia, infancia, personas con discapacidad, tercera edad diversidad sexual, personas presas y un largo etcétera. El Ararteko ha ido poniendo su foco de atención a través de sus informes extraordinarios en colectivos y fenómenos sociales cuyos derechos y libertades podían estar en riesgo de ser vulnerados o incluso en dificultades para que ellos mismos puedan autoprotegérselos.

El Ararteko por tanto ha ido ganando en autoritas, por su propio buen hacer, por su legitimidad entre la ciudadanía y las instituciones, por los organismos que detrás han estado colaborando con ellos. Por su capacidad para gestionar y para intermediar. Es decir, este autoritas que sus recomendaciones hacen que sean extraordinariamente tenidas en cuenta. De todos los grupos parlamentarios, sólo un grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, la cual no hemos podido llegar a acuerdos, y quiero justificar y explicar el porqué.

No podíamos llegar a cuerdos con el segundo punto de la enmienda de totalidad que presenta el Partido popular, porque para nosotros el Gobierno Vasco no puede realizar una posible revisión de la institución para evitar duplicidades. El Gobierno Vasco es el ejecutivo, y el Parlamento, el Ararteko debe dar cuantas al Parlamento que es el legislativo.

Luego en ningún caso podría el Gobierno vasco hacer ninguna revisión sobre las tareas que realiza el Ararteko. Pero es que es más, también es verdad que usted señora Blanco me propuso una enmienda de transacción en la cual hablábamos de duplicidades posibles dentro de la propia Administración.

Es que tampoco existe ningún tipo de duplicidades, porque la única duplicidad que existía era con la defensoría del Menor, y también se suprimió. Luego por tanto, creíamos y creemos que no existe ningún tipo de duplicidades, hay coordinación, hay cooperación, hay exquisito trabajo de labor optima para coordinarse de manera fina, con todas aquellas actividades que el Gobierno desempeña.

Luego era imposible que pudiésemos aceptar esa enmienda de transacción. Por lo tanto solicito el voto favorable para el apoyo a la figura del Ararteko. Esto es lo que hemos querido traer a esta Cámara, el apoyo indudable de la figura del Arateko y de la labor que realiza. Dotar de seguridad y de legitimidad política al trabajo del Arateko. Reconocer su labor en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y los Derechos Humanos en general.

Y probablemente en estos momentos de crisis es cuando más falta hace.

Muchas gracias señorías.

Maria Teresa Laespada Martínez