La bitácora de Jaume

Recientemente se ha sabido que en solo tres meses de 2012, el Estado ha ejecutado 46.559 desahucios ⁽¹⁾, forzando la expulsión de otras tantas familias, que se ven obligadas a abandonar sus hogares y a buscarse la vida como puedan. Entre tanto, diversas informaciones aparecidas en prensa apuntan a un dramático aumento del número de personas que toman la decisión de suicidarse, alcanzando un promedio de nueve suicidios cada día, a lo largo del año 2009 ⁽²⁾.

Ante la necesidad de proponer medidas orientadas a frenar el empobrecimiento planificado de la clase trabajadora, un gran número de gobernantes, economistas, columnistas e intelectuales, tras analizar las causas y los efectos de llamada “Crisis Económica”, vienen ofreciéndonos un sinnúmero de recetas basadas —en su mayor parte— en la continuidad de la fórmula neoliberal que ha propiciado la desregulación salvaje de los mercados financieros, abriendo la puerta al saqueo masivo de la ciudadanía y la generalización del “capitalismo de casino” —totalmente injusto, inhumano e insostenible— que ha caracterizado la evolución de la economía mundial durante los últimos años.

A la vista de tanto sufrimiento, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué ocurre con las víctimas más desfavorecidas?. La respuesta de la derecha no se hizo esperar, de la mano del tristemente célebre “¡Que se jodan!” proferido por la diputada del Partido Popular, Andrea Fabra ⁽³⁾ en sede parlamentaria. Una respuesta diseñada a la medida del sistema ético y moral del partido al que pertenece, pero muy alejada de la necesaria mesura, criterio y responsabilidad institucional que cabe esperar del grupo parlamentario que respalda al gobierno de la nación.

No obstante, cada día que pasa, más personas compartimos la convicción de que existen fórmulas alternativas, soluciones que no pasen por la exclusión social de amplios colectivos humanos, sino que se basen en el pleno respeto a la dignidad elemental de la condición humana y a los derechos constitucionales de los que toda persona es titular —toda persona— y no solo de aquellas que dispongan de suficiente dinero para poder costear sus necesidades básicas.

Así, frente al aumento masivo de despidos, desahucios, depresiones, deportaciones y suicidios, aparecen también propuestas políticas que buscan una redistribución más justa de los recursos naturales y la riqueza resultante del esfuerzo colectivo de toda la sociedad.

Bajo estas líneas, se articula una propuesta de “PLAN DE CHOQUE” que no busca la supresión de la democracia, ni la guerra o la implantación permanente de un sistema ideológico extremista, sino simple y llanamente la reconducción de la presente coyuntura desbocada hacia un escenario menos injusto, desde el cual sea posible constituir un nuevo modelo de convivencia pacífica, constitucional, libre, democrática, ecuánime y con pleno respeto a los Derechos Humanos de absolutamente toda la ciudadanía.

El Gobierno vasco garantizará, en el marco del Estatuto de Autonomía, la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones de acceso a aquellos colectivos que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 por el Congreso de los Diputados, quedarán excluidos de la cobertura asistencial, según ha asegurado el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.

Fernández se ha reunido este jueves en Bilbao con representantes de diversos colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y enfermos crónicos) que podrían ver recortados sus derechos por lo dispuesto en el Real Decreto Ley del Ministerio de Sanidad que recoge los recortes en Sanidad, tras lo cual ha comparecido en rueda de prensa, acompañado de la directora de Emakunde, María Silvestre, para comprometer la cobertura asistencial «universal» a todas las personas en Euskadi.

Fernández ha leído una declaración institucional en la que se denuncia que, con la excusa de «garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud » , el Real Decreto aprobado este jueves «restringe la atención sanitaria a un conjunto amplio de colectivos, como los jóvenes mayores de 26 años, personas con discapacidad inferior al 65 por ciento, inmigrantes en situación irregular o excónyuges que no se encuentren a cargo de un asegurado».

Estos colectivos, recuerda el texto, deberán contribuir mediante el pago de la correspondiente prestación, si quieren acceder a la protección sanitaria. El Gobierno vasco, continua la declaración, «es consciente de la importancia de implementar medidas de consolidación fiscal, pero no acepta que ello sea a costa de socavar el acceso a servicios públicos esenciales que contribuyen a la cohesión social y el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas».