Comunicado ante el juicio por la restitución de la bandera republicana en un edificio oficial
Por Jaume d'Urgell el domingo 9 Septiembre 2007, 01:52 - Comunicados y notas de prensa - Enlace permanente
El 14 de mayo del año pasado, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, durante el transcurso de la primera de las manifestaciones para protestar contra la precariedad laboral y exigir la adopción de políticas que posibiliten el acceso de la clase obrera a una vivienda digna, fui detenido por siete agentes de policía que vestían de paisano, bajo la acusación de injurias a la bandera. El motivo: haber escalado la fachada del edificio público que alberga la sede de los Juzgados del Contencioso Administrativo, para acto seguido, arriar la bandera de la monarquía y en su lugar, izar una bandera de España.
Tras permanecer 27 horas detenido, fui puesto en libertad provisional con cargos y sometido a un régimen de restricciones que incluye la obligación de presentarme cada 15 días. El atestado policial, además de relatar la restitución de la tricolor, aparece ostensiblemente «engordado» con acusaciones ficticias: como el haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad; muchas de esas imputaciones falsas se corresponden a hechos ocurridos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos sitios distintos al mismo tiempo. En su escrito de acusación, el fiscal señala que se ha incurrido en sendos delitos de «injurias a España» (Art. 543, CP) y «desórdenes públicos» (Art. 557.1, CP), por los que solicita la pena de un año de cárcel, además del pago de una multa de 4.000 euros y la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante un año.
Ante esto, deseo hacer constar:
- Mi solidaridad hacia las otras 18 personas
injustamente detenidas, cuyo único delito consistió en manifestarse
pacíficamente, para reivindicar cambios políticos que garanticen dos de los
derechos fundamentales de la ciudadanía: el acceso a una vivienda y un trabajo
dignos.
- Mi agradecimiento a mi esposo y a las fuerzas
políticas, instituciones culturales, medios de comunicación y ciudadanos
individuales que han mostrado su cercanía personal y compromiso político.
- El asombro ante la impunidad de la que todavía
disfrutan ciertos trabajadores públicos: es vergonzoso comprobar la ligereza
con la que se comete falsedad en documento público, falsa imputación de delito
y obstrucción a una investigación judicial.
- La extrañeza al saber de la pervivencia de
figuras legales como la que protege al país frente a las injurias que se le
puedan hacer. ¿Qué hay de la libertad de expresión? ¿Cómo puede considerarse
una injuria al país, restituir su legítima bandera, constitucional y
democrática, en sustitución de un emblema impuesto por las armas y heredado
mediante el miedo?
- Mi confianza en la Justicia. Hay dos
acusaciones: una falsa y otra errónea: falsas son las falsas imputaciones
vertidas por los agentes de policía, sabedores de que lo acontecido reviste
únicamente de naturaleza política (y no penal); y acusación errónea, es la de
injuriar al país, puesto que de ningún modo debe considerarse injurioso el
reivindicar pacíficamente un modelo de organización de la sociedad por el que
todos los cargos públicos sean electos, donde exista separación entre el Estado
y las creencias religiosas, donde el equilibrio de los poderes públicos resida
en su separación y recíproco autocontrol, donde la paz justa provenga del
respeto a las decisiones pueblo y donde la máxima prioridad gubernativa sea la
justicia social.
- La decisión de no atender al pago de ninguna
multa, ni cumplir ningún trabajo sustitutivo; de no aceptar ninguna restricción
a mi movilidad ni pena de cualquier otra naturaleza. Si finalmente recayera
condena, ésta solo será cumplida por la fuerza, en una institución
penitenciaria. Faltan pocos meses para la cita con las urnas. De acuerdo con la
lógica y la razón, mi posición es irrenunciable. No se nos puede engañar
siempre, a todos. La rebeldía no es gratuita, ni inútil.
- La intención de reincidir, y reponer la
legítima bandera, donde y cuando lo estime oportuno, dentro incluso del plazo
de suspenso de ejecución de la pena, por considerar tal acción como un acto de
desobediencia civil pacífica y un ejercicio de higiene democrática.
- Mi declaración formal en el sentido de
desconocer cualquier autoridad en el ciudadano Juan Carlos Borbón, ese
individuo carece de toda representatividad, al no haber concurrido jamás a un
proceso electoral. Respeto su persona como la de cualquier otro miembro de la
ciudadanía, pero, se diga lo que se diga, la existencia de su empleo es
incompatible con el más elemental rigor democrático, incompatible asimismo con
la razón, la lógica y el espíritu de la ley.
- Declarar una vez más, que existe un vínculo
entre los innumerables problemas que nos afectan en el día a día a todos y cada
uno de nosotros, y una forma de gobierno que no representa más que a unos
pocos, que ejercen el poder como si el Estado fuera de su exclusiva propiedad,
en detrimento de los derechos del resto de la población.
- Recordar que el próximo sábado, día 6, a las 6 de la tarde, en la Puerta del Sol, está convocada una manifestación para seguir reivindicando el derecho a una Vivienda Digna y la adopción de medidas que contribuyan a reducir la elevadísima tasa de precariedad laboral.
