En una sociedad democrática como la nuestra, se producen espacios en los que el ejercicio de los derechos y libertades para sectores importantes de la población no deja de ser una aspiración difícil de conquistar y para ello las defensorías del pueblo se han convertido en los garantes y salvaguardas de estos derechos, especialmente las defensorías del sur de Europa algo más alejadas del diseño del Ombudsman sueco.

Bien, justamente porque los padres de la Constitución española entendieron muy bien la figura del Defensor del Pueblo como garantía de calidad democrática se recogió su figura en el artículo 54 de la Constitución y posteriormente, también lo hicieron los legisladores en algunos de los estatutos de autonomía de las distintas comunidades, aunque no en todos los estatutos.

Sí lo hace el caso del Estatuto de Gernika en su artículo 15 del cual emanó posteriormente una regulación legislativa a través de la Ley del Ararteko del año 1985 de 27 de febrero.

El Castilla-La Mancha recomienda con fuerza la existencia del Ombudsman o defensores de los diversos niveles de la Administración. El Consejo de Poderes Regionales y Locales recomienda en su informe del 2010 de forma categórica y clara la existencia de Ombudsman regionales y locales para garantizar los Derechos Humanos en los primeros escalones de la democracia.

La asamblea parlamentaria del consejo preparó en mayo del 2011 una moción previa a una recomendación haciendo un balance del trabajo de los defensores en Europa con ejemplos de buenas prácticas con la finalidad de fortalecer su estatus en Europa.

Precisamente, por las amenazas que se están cerniendo sobre los defensores como ha significado la Ley Presupuestaria de 2010 que conllevaba la desaparición de los defensores locales en Italia y aquí en España parece que esta corriente, que bajo el paraguas de la crisis económica se recortan algunos servicios de la defensa de los derechos de la ciudadanía ha revuelto algunas aguas que estaban quietas.

Recientemente hemos conocido la intención de algunas comunidades gobernadas por el PP de suprimir la figura del Defensor del Pueblo autonómico, al entender que su propia existencia implica una duplicidad de funciones dada la existencia del Defensor del Pueblo a nivel estatal y dada la situación económica actual.

Así, en Castilla-La Mancha ya se ha hecho efectiva su supresión de la Defensoría, justamente con este argumento. En Navarra y en Asturias han existido peticiones similares que de momento no han prosperado y algunas defensorías sí han visto reducido a tal grado su aportación presupuestaria que además de tener que reducir de forma drástica sus recursos humanos, van a tener serias dificultades han prosperado, y algunas defensorías sí han visto reducido a tal grado su aportación presupuestaria, que además de tener que reducir de forma drástica sus recursos humanos, van a tener serias dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía y garantizar así los derechos y libertades de las mismas.

La argumentación para tales peticiones se sustenta difícilmente en datos reales, y tienen aspectos más a decisiones de calado político o efectistas, que de verdadera argumentación sólida.

Qué casualidad, son aquellas comunidades en las que la Defensoría la ostentaba alguna persona, con no cercanía ideológica al PP, las que en primer lugar han dado el cerrojazo o han cuestionado su viabilidad.

La cuantía económica que se destinaba, por ejemplo, a la Defensoría de Castilla-La Mancha era poco más de 2 millones de euros, teniendo en cuenta que tiene una población de poco más de 2 millones de persona, supone una aportación de 1 euro per capita. Ciertamente irrisorio para el servicio que presta, garantizando las libertades y la defensa de la ciudadanía en el cumplimiento de sus derechos ante la Administración.

El otro argumento, la supuesta duplicidad de funciones con el Defensor del Pueblo, tampoco tiene mucho recorrido. Fíjense señorías, existe una Ley por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y figuras similares de las distintas comunidades autónomas.

La Ley es concretamente, la Ley 36 de 1985 de 6 de noviembre, de forma que establece los principios básicos de coordinación y cooperación entre las distintas defensorías. De tal modo que se articula un razonable ejercicio de fluidez en la información y traspase de expedientes o quejas, de forma que no existe posibilidad alguna de duplicidad entre el Defensor del Pueblo y cualquier defensoría autonómica.

Cierto es que cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una queja de cualquier Administración ante cualquier defensor. Sin embargo, la coordinación hace que aquellas quejas que se refieren a los ámbitos de actuación autonómicas, sean tramitadas por los defensores de los parlamentos autonómicos, y las quejas de la Administración Central se plantean ante la Defensoría del Pueblo.

La supresión de la figura del Defensor de Castilla-La Mancha, que ya se ha producido, ha provocado una curiosa catarata de dificultades, ya que supone volcar el trabajo de aquella Defensoría en el Defensor del Pueblo y cuatro voy a mencionar.

Primero. Existe un impedimento legal, hasta qué punto pueden trasvasarse los expedientes y quejas tramitadas ante una institución sin vulnerar la necesaria protección a la intimidad de los ciudadanos que han abierto la queja y que han hecho la queja correspondiente. ¿No habría que pedir permiso a todos y cada una de las personas que elevaron una queja ante la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha, para poder trasvasar los expedientes a la Defensoría del Pueblo en Madrid?. Bien.

En segundo lugar. ¿Puede la Defensoría del Pueblo hacerse cargo de esta sobrecarga de trabajo sin aumentar su personal y su presupuesto? Yo creo que el trabajo como la energía ni se crea, ni se destruye, simplemente la quieren mover de sitio.

Dicho de otra manera, el trabajo se traspasa a otro organismo, pero ni desaparece ni se simplifican las tareas porque deberán realizar la misma función que se hacía en la Defensoría de Castilla-La Mancha, lo debería de realizar la Defensoría del Pueblo. Eso sí, con los mismos recursos y sino bajando la calidad y la respuesta optima al ciudadano.

En tercer lugar. Ello obligaría al Defensor del Pueblo a que deba conocer el complejísimo y exhaustivísimo entramado legislativo de todos y cada una de las comunidades en materias transferidas, en los planes, en los programas de intervención, en las políticas que se aplican, especialmente en todo aquello referido a políticas sociales. Y obligaría a un sin fin de viajes permanentes al Defensor del Pueblo para poder intervenir o reunirse con los organismos y administraciones implicadas en cada una de las comunidades autónomas.

Para una mejor eficacia, podría darse la paradoja de tener que crear subdefensorías, o adjuntías, en cada comunidad, así que seguiríamos con el mismo, simplemente que llamándolo de otra manera.

Fíjense ustedes que el propio Ararteko da cuentas de su trabajo a este Parlamento, al menos una vez al año en el Pleno, para presentar su informe anual, y en comisión siempre que se le requiere por su señorías o a petición propia para presentar los distintos informes extraordinarios y recomendaciones generales.

Si solamente ejerciera esta función el Defensor del Pueblo, éste daría cuentas únicamente ante las Cortes Generales, con lo cual se pierde el elemento fundamental de eficacia, de control de la institución. La denuncia, información que se lleva ante nuestra Cámara que controla al Gobierno, que dirige la Administración, es decir, nuestro Parlamento perdería la función. Es decir, no sirven los argumentos esgrimidos para su supresión, no existen duplicidades, no existe ineficiencia, no hay razón presupuestaria que justifique la eliminación de una figura tan democráticamente impecable y legitimada por la ciudadanía, que no sea porque, quien ha suprimido esta figura en realidad es que les importa bien poco los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Precisamente por ello, los Socialistas Vascos hemos traído esta iniciativa al Parlamento, creemos que no es sólo un eficaz instrumento de control y defensa de los intereses de los ciudadanos, sino que es un verdadero aliado a la hora de hacer efectivo los derechos y especialmente de los sectores más vulnerables, justamente de aquellas personas que más sufren el envite de la crisis económica.

El Ararteko desde su creación ha conseguido mantener una línea limpia y transparente de independencia e imparcialidad. Más allá de fines partidistas. Y ante las distintas interpretaciones posibles de la ley la premisa básica ha sido la de resolverá a favor del ciudadano. Estando esta por definición mucho más desprotegido que la administración.

Esto ha ido reforzando entre la ciudadanía la legitimidad de la autoridad del Ararteko para las resoluciones dadas a las quejas presentadas. Y su autoridad se ha ido reforzando día a día. Como consecuencia del buen trabajo que han desarrollado sus distintos titulares. Hago un pequeño homenaje a Juan San Martín ya fallecido, a Xabier Markiegi, a Mertxe Agundez, nuestra parlamentaria y a su actual titular Iñigo Lamarka.

Pero es más, no sólo han tenido intervenciones exquisitas en la tramitación de quejas a la ciudadanía, sino que también desde sus inicios el Ararteko tomó una línea básica de trabajo en la defensa de los Derechos Humanos. Y por eso se centró en aquellos colectivos más vulnerables. Aquellos colectivos cuyas características sociales les situaban en posiciones de mayor debilidad frente a los criterios de equidad que debe regir en toda prestación de servicios públicos de la Administración.

Por ello ha seguido con sumo cuidado el trabajo de la Administración en colectivos de todo tipo, mujeres, inmigrantes, adolescencia, infancia, personas con discapacidad, tercera edad diversidad sexual, personas presas y un largo etcétera. El Ararteko ha ido poniendo su foco de atención a través de sus informes extraordinarios en colectivos y fenómenos sociales cuyos derechos y libertades podían estar en riesgo de ser vulnerados o incluso en dificultades para que ellos mismos puedan autoprotegérselos.

El Ararteko por tanto ha ido ganando en autoritas, por su propio buen hacer, por su legitimidad entre la ciudadanía y las instituciones, por los organismos que detrás han estado colaborando con ellos. Por su capacidad para gestionar y para intermediar. Es decir, este autoritas que sus recomendaciones hacen que sean extraordinariamente tenidas en cuenta. De todos los grupos parlamentarios, sólo un grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, la cual no hemos podido llegar a acuerdos, y quiero justificar y explicar el porqué.

No podíamos llegar a cuerdos con el segundo punto de la enmienda de totalidad que presenta el Partido popular, porque para nosotros el Gobierno Vasco no puede realizar una posible revisión de la institución para evitar duplicidades. El Gobierno Vasco es el ejecutivo, y el Parlamento, el Ararteko debe dar cuantas al Parlamento que es el legislativo.

Luego en ningún caso podría el Gobierno vasco hacer ninguna revisión sobre las tareas que realiza el Ararteko. Pero es que es más, también es verdad que usted señora Blanco me propuso una enmienda de transacción en la cual hablábamos de duplicidades posibles dentro de la propia Administración.

Es que tampoco existe ningún tipo de duplicidades, porque la única duplicidad que existía era con la defensoría del Menor, y también se suprimió. Luego por tanto, creíamos y creemos que no existe ningún tipo de duplicidades, hay coordinación, hay cooperación, hay exquisito trabajo de labor optima para coordinarse de manera fina, con todas aquellas actividades que el Gobierno desempeña.

Luego era imposible que pudiésemos aceptar esa enmienda de transacción. Por lo tanto solicito el voto favorable para el apoyo a la figura del Ararteko. Esto es lo que hemos querido traer a esta Cámara, el apoyo indudable de la figura del Arateko y de la labor que realiza. Dotar de seguridad y de legitimidad política al trabajo del Arateko. Reconocer su labor en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y los Derechos Humanos en general.

Y probablemente en estos momentos de crisis es cuando más falta hace.

Muchas gracias señorías.

Maria Teresa Laespada Martínez