Y en cuanto a la reacción de la Reacción: querellarse en base a pruebas falsas constituye un flagrante delito de denuncia falsa, asimilable a los casos de posible corrupción policial que están saliendo a la luz ultimamente, casos como la presunta «colocación» de estupefacientes a personas inocentes, para acto seguido proceder a su detención; la supuesta apropiación indebida de efectos sustraídos a grupos mafiosos; el posible cobro a empresarios a cambio de información privilegiada sobre el desarrollo de procesos judiciales en los que se verían implicados; la posible apropiación indebida de vehículos, aprovechándose de su responsabilidad policial; el apuñalamiento indiscriminado de manifestantes desarmados; la supuesta malversación de fondos públicos destinados a las funciones de seguridad; los supuestos robos de dinero efectuados durante los cacheos a vecinos de barrios humildes; la muerte de detenidos esposados durante los traslados; la tortura a detenidos en comisaría; los presuntos abusos sexuales contra inmigrantes; la supuesta práctica de tirar por la borda a náufragos lejos de la costa; y un largo, larguísimo etc. que nos lleva a pensar que es solo la punta del iceberg de una podredumbre ética producto de la impunidad sistémica a la que muchos están acostumbrados.

Si no se establecen límites claros a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la democracia será más que nunca, papel mojado. Es preciso desactivar la intoxicación mediática realizada por la Confederación Española de la Policía con ayuda de los medios del Grupo Recoletos, S.A., no solo por decencia profesional, sino también por respeto democrático.

Hay que responder, naturalmente, siempre por vías pacíficas, pero hay que responder. Para cada mentira un desmentido; para cada acusación infundada, una concentración popular; ante cada declaración falsa, una convocatoria de rueda de prensa. No importa el desequilibrio en la correlación de fuerzas, que no se diga que nosotros, los antifascistas, callamos como corderos cuando nos llevaban a un futuro peor.

Igualmente es necesario apelar a los cimientos de la convivencia en sociedad: conceptos esenciales, como el Hábeas corpus —sistemáticamente ignorado—; el respeto a las garantías procesales básicas: el derecho a no ser considerado culpable antes de un fallo judicial; el respeto a acceder y divulgar información veraz; derechos como el de reunión o de asociación política o sindical... si prescindimos de todo eso, estaremos indefensos en unas calles repletas de delincuentes uniformados.

Criminalizar una organización de organizaciones que se unen para combatir el racismo o la xenofobia, para denunciar la falta de espacios públicos —particularmente en la cultura—, para coordinar la solidaridad para con las víctimas de agresiones fascistas... es una vergüenza, y en esa vergüenza no deberían participar ni los grandes partidos políticos, ni los grandes medios de comunicación, ni las instituciones de orden público... no deberían, pero lamentablemente todos conocemos la Historia.

El anti-antifascismo es fascismo.

El antifascismo solo es malo para el fascismo.

¡Salud y República!