Ruego disculpas por el tono de esta columna, pero no consigo comprender por qué razón, si llamo al 112 y digo que hay un asesino en mi casa, aparece un coche de patrulla en menos de media hora, y en cambio, he notificado la presencia de que un psicópata asesino en serie en mi país, y nadie hace nada. ¿Han derogado el Código Penal? ¿Asesinar no es delito para todos?

Según la Ley, en el momento de permitir que el tirano estampe su firma en el libro de Honor del Congreso de los Diputados, Marín estará incurriendo en un flagrante delito de injurias a España. Según la Ley, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, adscritos a los servicios de protección del déspota guineo-ecuatoriano, están obligados a detener a su V.I.P., a interrogarlo, investigarlo y ponerlo a disposición judicial, de lo contrario, incurrirán en un delito de dejación de funciones, puesto que por su condición de funcionarios públicos, están obligados a combatir el crimen.

Que nadie diga que este asunto nos es ajeno: nosotros, los españoles, estuvimos cerca de dos siglos completos matando y robando los recursos naturales de Guinea Ecuatorial. Sí. Robamos y matamos hasta que no nos fue posible seguir haciéndolo, y nos expulsaron, como de casi todos los lugares donde hemos estado matando y robando. Dos siglos, hace cosa de cuatro décadas, porque por aquel entonces, Franco había convertido al ejército en una banda terrorista muy útil para subyugar a la mitad de la ciudadanía, pero incapaz de mantener el colonialismo de expolio que ha caracterizado la política exterior española de los últimos cinco siglos. Nos largamos dejándoles el país hecho una mierda, gracias al estilo y sentido de la responsabilidad de Estado que nos caracteriza. Antes lo hicimos en Cuba, y en el Perú, y en Ecuador, y en Honduras, y en México, y en Nicaragua, y en Uruguay, y en la Argentina, y en Chile, y en Colombia, y en Bolivia, y en Venezuela, y en Filipinas, y más recientemente, en el Sáhara. El procedimiento era siempre el mismo: llegar, exterminarles, quedarnos con todo, repoblarles y enviarles a nuestros brujos.

Ahora, como mínimo, deberíamos dar una posibilidad al pueblo de Guinea Ecuatorial, y al mismo tiempo, por coherencia jurídica esencial, detener al asesino, y juzgarle.

No es una ingerencia, es el pago de una deuda.

¡Salud y República!