El tribunal especial español está actuando como lo que siempre ha sido: un instrumento con el que intervenir en política “por otros medios”. Y ahora, con la sucesión a la vuelta de la esquina, toca reprimir y evaluar el terreno, para que alguien decida por nosotros, como siempre, adoptar las medidas que permitan a los capitalistas continuar en el lado bueno de la injusticia social.
Una vez más, el tribunal especial de Madrid ha emprendido acciones de odio político contra un ciudadano –esta vez catalán–, acusándole de injuriar la persona del dictador Borbón, por el hecho de expresar su disconformidad con la monocracia, mediante la quema pública de una fotografía del ciudadano Capeto. El lunes pasado declararon los dibujantes del periódico DEIA, a raíz de una viñeta de humor; y no hace un mes les tocó a los dibujantes de la revista EL JUEVES.
A la vista de estas cosas, uno se pregunta qué será lo siguiente: ¿Autos de fe en la plaza Mayor? ¿Acusaciones genéricas de antiespañolismo? ¿Represión del comunismo y la masonería? ¿Prohibición de las lenguas vernáculas y los credos infieles a Roma?
Los fanáticos de la más rancia súper-ultra-derecha católica, tradicional y nacionalista española están inmersos en una escalada de despropósitos legales, destinada a poner a prueba el grado de aceptación del “franquismo sin Franco”, diseñado en los 70, para perpetuar la obra del extinto genocida.
