El Ejecutivo socialista pretende aprobar la Ley de Identidad de Género olvidándose de las personas nacidas en el extranjero y aquellas que todavía no hayan alcanzado la mayoría de edad.
En los instantes previos a la aprobación definitiva del texto legal, los sucesivos borradores, proyectos y anteproyectos conservan todavía una serie de incomprensibles exclusiones que afectarían a importantes sectores de población, en función de factores tan arbitrarios como su edad o lugar de nacimiento.
La parlamentaria Carmen Montón expresó hace unos días su opinión contraria a la inclusión de las medidas que reivindican los principales colectivos de defensa los derechos de las personas transexuales. Según la parlamentaria, el alcance de la potestad legislativa de la cámara española no puede afectar al reconocimiento que otros estados otorguen a la identidad de sus ciudadanos, en alusión a la supuesta imposibilidad de que España reconozca legalmente lo que por otra parte es ya una realidad aceptada entre sus ciudadanos.
En este sentido, los diversos colectivos y asociaciones que trabajan por el respeto a los derechos de las personas pertenecientes a minorías sexuales –tanto por cuestión de género como de orientación–, consideran que la apreciación de la diputada Montón parte del desconocimiento de la fuerza jurídica de la Resolución de 24 de enero de 2005 de la Dirección General de Registros y del Notariado, que autoriza el matrimonio entre un varón español y una transexual costarricense que no tenía reconocido en Costa Rica el cambio legal de sexo, pero que si había obtenido el cambio de nombre y sexo en su tarjeta de residencia tras sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.° 40 de Barcelona de 22 de mayo de 2002, por el que se declara que el sexo de J.-A. G. A. es mujer y su nombre es el de M.-M. G. A., y volante de empadronamiento.
