Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno del 30 de Junio de 2005. Intervención de la diputada Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), para la fijación de la posición de dicho grupo parlamentario en la aprobación del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio.
Señor presidente, señorías, la historia la escriben los vencedores, deciden lo que recordaremos y lo que ocultaremos; así ha sido con los homosexuales. Al mirar cualquier libro de historia podríamos creer que ninguna sociedad celebró el amor entre hombres o mujeres, que jamás un pintor, un poeta o un político abrieron su cama o su corazón a otro hombre o mujer. Las pruebas del amor homosexual fueron discretamente suprimidas, como se hizo con griegos o romanos. Libres de censuras, los antecedentes históricos revelan que la realidad es exactamente la contraria, que el amor entre hombres o entre mujeres es una constante universal; lo único que varia es la actitud de la sociedad. Todas las culturas han regulado el amor entre hombres o entre mujeres tejiendo diferentes rituales más o menos elaborados y algunas han intentado, sin éxito, hacerlo desaparecer. Hoy, señorías, estamos ante un momento histórico. Los diputados y diputadas de la presente legislatura tenemos, con nuestro voto, la oportunidad de hacer posible la igualdad. Hoy estamos aquí para levantar el veto del Senado a esta ley que habla de igualdad, libertad, justicia, dignidad, pluralismo, tolerancia, solidaridad; que habla de plena ciudadanía. (Aplausos.) Los socialistas votaremos en este sentido porque apoyamos y defendemos esta ley con igual o, si cabe, mayor convencimiento, pasión, decisión y optimismo que el primer día.
El matrimonio es una institución humana, el matrimonio es cultural y no pertenece al dictado de ninguna ley natural ni tampoco divina, por tanto, será lo que la sociedad en cada momento, en función de la realidad y sus necesidades, democrática y legítimamente decida. Esta Cámara, el Gobierno, no solo pueden, sino que deben regular como matrimonio las diversas formas afectivas de unión presentes en nuestra sociedad. Porque esta ley no ataca ni desnaturaliza la institución del matrimonio, sino que la defiende, amplía, enriquece y fortalece; no va en contra del matrimonio eclesiástico, que no es lo que se regula en esta ley; no va en contra del matrimonio heterosexual. En el Senado se presentaron dos vetos: uno por parte de Unió y otro por parte del PP; cada uno esgrime unas u otras razones, tiene unos u otros argumentos, pero, al final, el resultado viene a ser el mismo, que quieren vetar los derechos de gays y lesbianas por la razón de atreverse a serlo. Señorías de Unió, en este proyecto ustedes hablan de que la ley parte de una confusión grave.
Aseguran, y cito textualmente, la inexistente discriminación vinculada a las instituciones del matrimonio y la adopción para las personas homosexuales. Permítanme que les diga que son ustedes los que parten de una confusión grave, al no querer ver o reconocer lo que es evidente, ya que, desgraciadamente, en nuestro país, hasta la fecha, los homosexuales son personas que no gozan del respeto y reconocimiento pleno de su unión ni de la posibilidad de regularizar la situación de sus hijos o de adoptar como pareja. Comprendan que el derecho al matrimonio y a llamarse matrimonio es un derecho de todos, sin distinción, y en democracia no puede ser un privilegio de unos con exclusión de otros. Sus dudas acerca de la adopción, el derecho comparado y la crispación social las aclararé más tarde. De todos modos, sí es cierto que quiero quedarme con lo que dijo el señor Guinart Solá en el Pleno del día 21 de abril: que en su calidad de alcalde va a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, función que ejercerá con absoluta lealtad y sometimiento a esta ley que con toda seguridad se aprobará.
El
pasado lunes, día 15 de octubre de 2012, en el marco de las “twittentrevistas”
o encuentros virtuales que desde hace tres años viene concediendo el
lehendakari (presidente del Gobierno Vasco) Patxi López, tuve ocasión de
preguntarle —y hasta en cuatro ocasiones obtener respuesta—, acerca de diversos
asuntos que tenían como denominador común: conocer el grado de interés del
Gobierno Vasco en la adopción de políticas orientadas a garantizar el efectivo
cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su ámbito de
competencias.
El riesgo de
exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo ha
provocado un número creciente de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos.
A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento de las ayudas de
protección social (como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de
inserción). Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus
miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que no
cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.
El problema del
liderazgo