El
problema no es que un rey viva a cuerpo de rey, por más escandaloso que resulte
su estilo de vida —en contraste con los terribles recortes sociales—, la
cuestión es: ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir la malversación, usurpación,
injerencia, delito electoral, opacidad y tráfico de influencias que implica una
jefatura de Estado no-electa, vitalicia y hereditaria, en pleno siglo XXI, en
el marco de un Estado democrático, constitucional y de
Derecho?
Como es bien sabido, el monarca español sufrió hace unos días un percance al tropezar, caer y fracturarse la cadera mientras se encontraba cazando elefantes en Botswana. A consecuencia de ello, el Gobierno de España se vio obligado a fletar un avión para repatriarle, saltarse cualquier cosa parecida a una lista de espera e ingresar al jefe del Estado en una clínica privada —siendo el máximo representante de lo público—, para ser intervenido quirúrgicamente.
Pero eso fue lo de menos. El escándalo corrió como un reguero de pólvora: ¿Qué se supone que hacía el rey de España en un safari de lujo, mientras la ciudadanía sufre una de las mayores crisis económicas de la historia? ¿Quién pagó los gastos, cifrados en cerca de 50.000 euros, de esta nueva correría del mandatario? ¿Cómo es posible que, según confesó inicialmente un portavoz del Partido Popular, el Gobierno de España no tuviera ni la menor idea de dónde se encontraba el rey? ¿Quién firmó los reales decretos que efectivamente se firmaron mientras el rey se encontraba fuera del continente? ¿Deja el rey folios firmados en blanco o acaso hay alguna persona autorizada a falsificar la firma del monarca?
Muchas de estas preguntas resultan “demasiado sinceras” como para que las pueda responder buena parte de los parásitos políticos que a uno y otro lado del espectro ideológico, permanecen acostumbrados a seguir chupando del bote, sonreír y repetir el discurso plausible, vacío y oficial… lo que sea, con tal de no arriesgar la propia poltrona y así “seguir en esto”, a pesar del cada vez más inocultable menoscabo de la decencia y honorabilidad que debería corresponder a una profesión que es la máxima expresión de servicio público: representar la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada pacíficamente en las urnas. Parece sencillo, pero al parecer, se trata de una exigencia ética inasequible para el interés personal de muchas y muchos, de todos los colores —porque el color de la superficie, en política, no siempre permite permite conocer de qué está hecha la persona por dentro—.
Ciudadana,
ciudadano,
Un año más,
hoy, sábado 17 de abril de 2010, miles de mujeres y hombres saldremos a la
calle, en paz, para reivindicar la necesidad de cambiar la estructura
institucional de este pueblo de familias, que es nuestro querido
país.
Pienso que la persona que
ocupe la Jefatura de Estado de nuestro país, debería contar con la voluntad del
pueblo, expresada mediante elecciones auténticas y periódicas, dentro del marco
de un régimen constitucional que ampare las libertades públicas, basado en la
igualdad ante la ley; un Estado democrático y de Derecho, en el que todos los
cargos públicos sean electos en un sistema de multi-partidismo
libre.
