La bitácora de Jaume

La bandera republicana no representa un Estado todopoderoso, cuya unidad, permanencia y centralismo estén por encima de la razón y supongan un límite para los derechos políticos de la ciudadanía. ¡Nada más lejos de la realidad! La tricolor no representa una España como la de Franco o Borbón, sino un conjunto de valores auténticamente democráticos, sociales y humanistas.

El sentimiento republicano representa un conjunto de valores compatible con el internacionalismo, el federalismo y en general, cualquier otra forma de convivencia pacífica entre los diferentes Pueblos de cualquier parte del mundo.

República es elegir, hacer que todo el poder esté en manos de la clase trabajadora, sin límites ni amenazas. Una vez consigamos que se respete nuestra capacidad para decidir periódica y pacíficamente a través de las urnas, sin fraude, ni embustes, entonces, todo lo demás será automático: el respeto a los Derechos Humanos, la consecución de una paz justa a través del diálogo y los instrumentos democráticos, el sometimiento el Estado al pueblo —y no al revés—, emanciparnos del miedo a nuestro propio ejército, adecuar la estructura económica de la sociedad para responder a las necesidades sociales de todos, reconocer la plena igualdad de derechos y obligaciones, la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, etc.

El tribunal especial español está actuando como lo que siempre ha sido: un instrumento con el que intervenir en política “por otros medios”. Y ahora, con la sucesión a la vuelta de la esquina, toca reprimir y evaluar el terreno, para que alguien decida por nosotros, como siempre, adoptar las medidas que permitan a los capitalistas continuar en el lado bueno de la injusticia social.

Una vez más, el tribunal especial de Madrid ha emprendido acciones de odio político contra un ciudadano –esta vez catalán–, acusándole de injuriar la persona del dictador Borbón, por el hecho de expresar su disconformidad con la monocracia, mediante la quema pública de una fotografía del ciudadano Capeto. El lunes pasado declararon los dibujantes del periódico DEIA, a raíz de una viñeta de humor; y no hace un mes les tocó a los dibujantes de la revista EL JUEVES.

A la vista de estas cosas, uno se pregunta qué será lo siguiente: ¿Autos de fe en la plaza Mayor? ¿Acusaciones genéricas de antiespañolismo? ¿Represión del comunismo y la masonería? ¿Prohibición de las lenguas vernáculas y los credos infieles a Roma?

Los fanáticos de la más rancia súper-ultra-derecha católica, tradicional y nacionalista española están inmersos en una escalada de despropósitos legales, destinada a poner a prueba el grado de aceptación del “franquismo sin Franco”, diseñado en los 70, para perpetuar la obra del extinto genocida.

El 14 de mayo del año pasado, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, durante el transcurso de la primera de las manifestaciones para protestar contra la precariedad laboral y exigir la adopción de políticas que posibiliten el acceso de la clase obrera a una vivienda digna, fui detenido por siete agentes de policía que vestían de paisano, bajo la acusación de injurias a la bandera. El motivo: haber escalado la fachada del edificio público que alberga la sede de los Juzgados del Contencioso Administrativo, para acto seguido, arriar la bandera de la monarquía y en su lugar, izar una bandera de España.

Tras permanecer 27 horas detenido, fui puesto en libertad provisional con cargos y sometido a un régimen de restricciones que incluye la obligación de presentarme cada 15 días. El atestado policial, además de relatar la restitución de la tricolor, aparece ostensiblemente «engordado» con acusaciones ficticias: como el haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad; muchas de esas imputaciones falsas se corresponden a hechos ocurridos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos sitios distintos al mismo tiempo. En su escrito de acusación, el fiscal señala que se ha incurrido en sendos delitos de «injurias a España» (Art. 543, CP) y «desórdenes públicos» (Art. 557.1, CP), por los que solicita la pena de un año de cárcel, además del pago de una multa de 4.000 euros y la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante un año.

El pasado está ahí, negarlo no lo hará desaparecer. La oligarquía que se encuentra al timón del Estado en esta nueva etapa de la dictadura franquista, se siente incómoda con una parte de los hechos que determinaron el actual statu quo. A más de uno le cuesta digerir la Historia, pero el tiempo es inexorable y una vez terminada la digestión, ya vemos en lo que se ha convertido.

El pasado existe, es una afirmación axiomática, una certeza científica, incuestionable. El nuestro, como antes el de tantos otros Pueblos, contiene episodios de horror, épocas de ilustración, pasajes de ignominia, momentos de gloria, lapsos de luz y períodos de oscuridad… la Historia es como es: una correlación de hechos, cada uno de los cuales fue vivido desde tantos puntos de vista como personas intervinieron en él.

El presente no surge de la nada. Nos hallamos inmersos en un flujo de hechos, continuo y unidireccional, en el que cada efímero presente enlaza con un pasado que conduce al futuro, y a veces lo condiciona.

Fragmento central de la ponencia de presentación del libro 50 razones por las que España no es una democracia, que fue pronunciada el viernes día 15 de diciembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Me llena de satisfacción tener la oportunidad de pronunciar esta ponencia en el corazón en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, justo cuando el proceso de aprobación de la Ley de la Memoria Histórica se encuentra en fase de debate en el plenario del Congreso de los Diputados. Ha sido un honor atender vuestra invitación y gozar de la hospitalidad de los camaradas del Foro de Debate Universitario Alejo Carpentier, que me han brindado la posibilidad de visitar por primera vez este continente de contrastes, diversidad e ilusión.

Hacía mención al trámite parlamentario de la Ley de la Memoria Histórica, porque, ya sea al calor de las efemérides, ya sea por compromiso electoral, interés partidista, o de cualquier otra índole, el caso es que no se puede negar la aparición de un fenómeno político de tan hondo calado social, que va más allá de lo que se ha dado en llamar “fiebre republicana”.

En efecto, de un tiempo a esta parte, la ciudadanía parece haber superado tanto el miedo como el hartazgo que tan bien cumplieran su misión desmovilizadora durante buena parte de los 80 y los 90, y, a través de una larga etapa de “crispación política”, que vino marcada por el acostumbrado griterío de cafetería y un constante desafío de la prensa a nuestra capacidad de asombro; a través de esta larga etapa —decía—, el pueblo parece haber llegado a dar un importante salto cualitativo en el pensamiento común: por primera vez en décadas, reaparece y se generaliza la costumbre de cuestionar el orden establecido. Se enciende la chispa del inconformismo, entendido como un descontento que supera el ámbito de los meros gestores de la Cosa Pública, y se extiende al propio marco legal.