El Gobierno vasco garantizará, en
el marco del Estatuto de Autonomía, la asistencia sanitaria de calidad en
igualdad de condiciones de acceso a aquellos colectivos que, tras la aprobación
del Real Decreto Ley 16/2012 por el Congreso de los Diputados, quedarán
excluidos de la cobertura asistencial, según ha asegurado el viceconsejero de
Sanidad, Jesús María Fernández.
Fernández se ha reunido este jueves en Bilbao con representantes de diversos colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y enfermos crónicos) que podrían ver recortados sus derechos por lo dispuesto en el Real Decreto Ley del Ministerio de Sanidad que recoge los recortes en Sanidad, tras lo cual ha comparecido en rueda de prensa, acompañado de la directora de Emakunde, María Silvestre, para comprometer la cobertura asistencial «universal» a todas las personas en Euskadi.
Fernández ha leído una declaración institucional en la que se denuncia que, con la excusa de «garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud » , el Real Decreto aprobado este jueves «restringe la atención sanitaria a un conjunto amplio de colectivos, como los jóvenes mayores de 26 años, personas con discapacidad inferior al 65 por ciento, inmigrantes en situación irregular o excónyuges que no se encuentren a cargo de un asegurado».
Estos colectivos, recuerda el texto, deberán contribuir mediante el pago de la correspondiente prestación, si quieren acceder a la protección sanitaria. El Gobierno vasco, continua la declaración, «es consciente de la importancia de implementar medidas de consolidación fiscal, pero no acepta que ello sea a costa de socavar el acceso a servicios públicos esenciales que contribuyen a la cohesión social y el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas».
Las ONG del sida ante
el cambio de gobierno en España piden a Ana Mato garantizar la respuesta al
sida en España. Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la
ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta
al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico sostenido y
liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y
sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida
(SPNS).
