La bitácora de Jaume

El miércoles pasado, día 10 de octubre de 2007, un tal Juan Carlos Borbón, de profesión militar (por lo que jamás ha concurrido a un proceso electoral), presidió una reunión del Consejo de Defensa, encuentro al que asistieron el primer ministro Zapatero, la vicepresidenta Fernández de la Vega, el vicepresidente Solbes y los ministros Alonso, Moratinos y Rubalcaba.

La situación resulta cuando menos extraña, por cuanto nos retrotrae a un pasado de infausto recuerdo e inolvidable memoria:

¿Qué hace un militar no-electo, vitalicio y hereditario, ocupando una posición superior a la de nuestros máximos representantes electos? ¿Por qué un gabinete de ministros socialista consiente en dejarse fotografiar rodeado de militares y sometido a una figura feudal / medieval? ¿Qué significa que el tipo que preside dicha reunión haya invitado a su hijo a una reunión de trabajo? ¿Es esto serio? ¿Qué pensaríamos si el ministro de Defensa hubiera invitado a su esposa, el de Exteriores a sus hijos o el de Interior a un primo de Albacete?

Si estamos en democracia ¿por qué ceder la presidencia de la máxima entidad militar del Estado a un individuo que además de ser ajeno a las urnas, nos conecta con un inocultable pasado de colaboracionismo dictatorial?

Este comunicado fue leído en la concentración del jueves 4 de octubre, frente a la sede de los Juzgados de lo Penal, en la madrileña calle de Julián Camarillo, para exigir el respeto los derechos políticos de la ciudadanía. En la actualidad, el Estado español sigue persiguiendo a sus ciudadanos, procesándoles penalmente por delitos de opinión.

Ciudadanía de Madrid,

Hoy, jueves día 4 de octubre, debía tener lugar la celebración de la vista oral de un juicio, incoado a raíz de un hecho de carácter político, un acto de desobediencia civil pacífica, consistente en la reparación simbólica de un daño contra el conjunto de la sociedad: el 14 de mayo del año pasado, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, en el transcurso de una manifestación espontánea, destinada a reivindicar el derecho de acceso a una Vivienda Digna y para protestar contra el elevado índice de precariedad laboral, al pasar frente al edificio que aloja la sede de los Juzgados del Contencioso Administrativo, decidí arriar la bandera del rey, legado de un criminal de guerra contra su propio pueblo, para izar en su lugar la legítima enseña de nuestro queridísimo país de países: la bandera roja, amarilla y morada, enarbolada por todos, elegida en las urnas y aprobada en las Cortes.

Hace ahora 76 años, los padres de nuestros padres salieron a estas mismas calles para festejar la proclamación de una segunda etapa de auténtica legitimidad institucional. Entonces, como ahora, el hartazgo popular ante la precariedad y la injusticia social, cuajó en una revolución incruenta, que se valió de un proceso electoral limpio y pacífico, para poner de manifiesto la total ausencia de autoridad de un monarca que, como el de hoy, había demostrado su capacidad para coexistir durante años, como pez en el agua, junto a un dictador militar, en el seno de un Estado totalitario.

Nos encontramos en 2007 y cada día que pasa se hace más difícil seguir ocultando lo que por otra parte es ya un secreto a voces: el engaño masivo de finales de los 70 toca a su fin. Monarquía y democracia son irreconciliables a la luz de la razón crítica.

El 14 de mayo del año pasado, al cumplirse un mes del 75.º aniversario de la proclamación de la Segunda República, durante el transcurso de la primera de las manifestaciones para protestar contra la precariedad laboral y exigir la adopción de políticas que posibiliten el acceso de la clase obrera a una vivienda digna, fui detenido por siete agentes de policía que vestían de paisano, bajo la acusación de injurias a la bandera. El motivo: haber escalado la fachada del edificio público que alberga la sede de los Juzgados del Contencioso Administrativo, para acto seguido, arriar la bandera de la monarquía y en su lugar, izar una bandera de España.

Tras permanecer 27 horas detenido, fui puesto en libertad provisional con cargos y sometido a un régimen de restricciones que incluye la obligación de presentarme cada 15 días. El atestado policial, además de relatar la restitución de la tricolor, aparece ostensiblemente «engordado» con acusaciones ficticias: como el haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad; muchas de esas imputaciones falsas se corresponden a hechos ocurridos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos sitios distintos al mismo tiempo. En su escrito de acusación, el fiscal señala que se ha incurrido en sendos delitos de «injurias a España» (Art. 543, CP) y «desórdenes públicos» (Art. 557.1, CP), por los que solicita la pena de un año de cárcel, además del pago de una multa de 4.000 euros y la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante un año.

El pasado está ahí, negarlo no lo hará desaparecer. La oligarquía que se encuentra al timón del Estado en esta nueva etapa de la dictadura franquista, se siente incómoda con una parte de los hechos que determinaron el actual statu quo. A más de uno le cuesta digerir la Historia, pero el tiempo es inexorable y una vez terminada la digestión, ya vemos en lo que se ha convertido.

El pasado existe, es una afirmación axiomática, una certeza científica, incuestionable. El nuestro, como antes el de tantos otros Pueblos, contiene episodios de horror, épocas de ilustración, pasajes de ignominia, momentos de gloria, lapsos de luz y períodos de oscuridad… la Historia es como es: una correlación de hechos, cada uno de los cuales fue vivido desde tantos puntos de vista como personas intervinieron en él.

El presente no surge de la nada. Nos hallamos inmersos en un flujo de hechos, continuo y unidireccional, en el que cada efímero presente enlaza con un pasado que conduce al futuro, y a veces lo condiciona.

Fragmento central de la ponencia de presentación del libro 50 razones por las que España no es una democracia, que fue pronunciada el viernes día 15 de diciembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Me llena de satisfacción tener la oportunidad de pronunciar esta ponencia en el corazón en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, justo cuando el proceso de aprobación de la Ley de la Memoria Histórica se encuentra en fase de debate en el plenario del Congreso de los Diputados. Ha sido un honor atender vuestra invitación y gozar de la hospitalidad de los camaradas del Foro de Debate Universitario Alejo Carpentier, que me han brindado la posibilidad de visitar por primera vez este continente de contrastes, diversidad e ilusión.

Hacía mención al trámite parlamentario de la Ley de la Memoria Histórica, porque, ya sea al calor de las efemérides, ya sea por compromiso electoral, interés partidista, o de cualquier otra índole, el caso es que no se puede negar la aparición de un fenómeno político de tan hondo calado social, que va más allá de lo que se ha dado en llamar “fiebre republicana”.

En efecto, de un tiempo a esta parte, la ciudadanía parece haber superado tanto el miedo como el hartazgo que tan bien cumplieran su misión desmovilizadora durante buena parte de los 80 y los 90, y, a través de una larga etapa de “crispación política”, que vino marcada por el acostumbrado griterío de cafetería y un constante desafío de la prensa a nuestra capacidad de asombro; a través de esta larga etapa —decía—, el pueblo parece haber llegado a dar un importante salto cualitativo en el pensamiento común: por primera vez en décadas, reaparece y se generaliza la costumbre de cuestionar el orden establecido. Se enciende la chispa del inconformismo, entendido como un descontento que supera el ámbito de los meros gestores de la Cosa Pública, y se extiende al propio marco legal.